OEFA: siete presidentes en dos años y una controversia sin resolver
Johnny Marchán cuestiona su salida antes de cumplir el periodo de cinco años para el que fue designado.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), encargado de supervisar el cumplimiento de las normas ambientales, enfrenta una grave inestabilidad institucional: siete presidentes ejecutivos en apenas dos años y una controversia judicial que mantiene en incertidumbre las reglas para designar y remover a sus máximas autoridades.
Johnny Marchán Peña, expresidente del organismo, denuncia que el Poder Ejecutivo desconoció el periodo de cinco años para el que fue designado y lo retiró en marzo de 2024 invocando la pérdida de confianza, pese a que, según sostiene, el cargo está sujeto a un régimen especial de designación y remoción regulada.
Su recurso de agravio constitucional, registrado con el Expediente N.º 03810-2025-AA/TC, será visto por el Tribunal Constitucional el próximo 24 de noviembre. La decisión deberá esclarecer los límites del Ejecutivo para separar a los titulares de organismos técnicos especializados.
El conflicto tiene un antecedente que evidencia la controversia. Marchán fue designado el 7 de enero de 2023 mediante la Resolución Suprema N.º 002-2023-MINAM, con mandato hasta enero de 2028. Sin embargo, el 13 de marzo de 2024, el entonces ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, dio por concluida su designación.
Marchán acudió a la justicia, pero la Tercera Sala Constitucional de Lima confirmó el rechazo de su demanda en mayo de 2025. Los magistrados consideraron que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo permite retirar por pérdida de confianza a los titulares de organismos públicos, salvo los reguladores. El exfuncionario sostiene, en cambio, que la presidencia del OEFA está sometida a reglas específicas que impiden su libre remoción.
Dos procesos, criterios distintos
La controversia se agudiza con el caso de Jaime Puicón Carrillo. Tras ser separado de la presidencia en enero de 2023, obtuvo una orden judicial de reposición por vulneraciones al debido procedimiento. El Ejecutivo dispuso su retorno el 25 de abril de 2025, pero apenas 24 horas después dejó sin efecto la medida y restituyó a Juan Edgardo Narciso Chávez.
El Ministerio del Ambiente justificó la decisión señalando que Puicón, ingeniero zootecnista, no acreditaba la formación ni la experiencia profesional exigidas para dirigir el organismo, conforme a la Ley N.º 31419.
Posteriormente, la Primera Sala Constitucional precisó que la reposición no impedía a la administración ejercer sus facultades legales, siempre que respetara las causales y el procedimiento correspondiente. En octubre de 2026, el juzgado también aclaró que la orden judicial no garantizaba la permanencia en el cargo sin cumplir los requisitos de idoneidad.
Para Marchán, ambos procesos evidencian la necesidad de un criterio uniforme sobre las reglas de designación y remoción de estas autoridades.
Una controversia que trasciende al OEFA
La Ley del Servicio Civil, en su artículo 52, establece que los titulares de organismos técnicos especializados están sujetos a designación y remoción regulada. SERVIR también ha desarrollado este criterio en diversos informes técnicos, entre ellos los números 087-2014, 001500-2022, 000048-2023 y 000519-2026.
Marchán sostiene que la pérdida de confianza no puede aplicarse automáticamente como causal de remoción cuando existen disposiciones específicas que regulan la permanencia en el cargo. Un pronunciamiento del Tribunal Constitucional podría tener repercusiones en otras entidades, como OSINFOR, CONCYTEC, INACAL, SENAMHI, CEPLAN e INEI.
