No se justifica comisión sobre leyes “procrimen”

• Rosa Bartra señala que no le ve mayor utilidad práctica a crear un tercer grupo cuando ya existen dos equipos técnicos funcionando. Dice que lo que pudieron hacer es encargarles a estos grupos la revisión de las recientes modificaciones al Código Penal y Procesal Penal.

Por Carlos Rivero Melgar

La excongresista Rosa Bartra, en entrevista con La Noticia al Día, por La Noticia TV (canal 27.2 de Best Cable y 203 de Cable Go), cuestionó la creación de un nuevo grupo de trabajo del Ministerio de Justicia para revisar las denominadas leyes “procrimen”. Además, consideró innecesaria la creación de nuevas comisiones y planteó que el Gobierno debe impulsar una reforma integral del sistema de justicia.

¿Cómo analiza la decisión del Ejecutivo de crear una comisión para evaluar las llamadas leyes “procrimen”? ¿Considera necesaria esta iniciativa?

Primero creo que debemos poner las cosas en su sitio. El Ministerio de Justicia no ha creado una comisión para derogar leyes “procrimen”.

Esa expresión, por lo menos, no aparece en la resolución. Lo que ha creado es un grupo de trabajo sectorial para revisar integralmente, según señala la resolución, las modificaciones recientes de la legislación penal y determinar cuáles deben mantenerse, corregirse o sustituirse.

Van a existir materias concretas de revisión, como prescripción, crimen organizado, colaboración eficaz y extinción de dominio. Sus conclusiones, hay que decirlo desde ahora, carecen de efectos jurídicos sobre terceros y no modifican ninguna ley. Podrían proponer proyectos de ley para corregir o derogar normas, pero estos deberán pasar por el Congreso de la República.

¿Considera que estas leyes aprobadas por el Parlamento son realmente “procrimen”?

Decir “procrimen” es un título que trata de englobarlas, pero no creo que merezcan esa denominación. Esta sería una tercera comisión que funciona actualmente. Desde 2025 existen dos grupos multisectoriales: uno que revisa el Código Penal y otro que revisa el Código Procesal Penal. El primero fue prorrogado hasta mayo de 2027 y ya llevaba 19 sesiones.

Estos grupos cuentan con la participación del Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio del Interior, Policía, INPE, Defensoría, universidades y la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados. Ahora aparece un tercer grupo, mucho más reducido, en el que la academia y la Policía ya no son miembros, sino que solo pueden ser invitados. Por eso, no le veo mayor utilidad práctica a crear un tercer grupo cuando ya existen dos equipos técnicos funcionando. Lo que pudieron hacer es encargarles a estos grupos la revisión de las recientes modificaciones al Código Penal y Procesal Penal.

¿Esta nueva comisión responde más a una decisión política que jurídica?

Definitivamente, es poner el tema en debate. Imagino que el razonamiento que han tenido en el Minjus es quitarle protagonismo al Congreso de la República o, en todo caso, sumarse al debate, ya que van a presentar una serie de iniciativas para derogar, hacer precisiones o modificar este paquete de leyes.

Están creando un grupo para, de alguna forma, contribuir al debate o tener presencia en los medios, específicamente sobre este paquete de leyes.

¿Esta comisión busca también que el Gobierno se deslinde de las llamadas leyes “procrimen”?

Sí, es un gesto y una contribución al debate. Insisto en que, a mí, me parece innecesario y muy reducido. No creo que vaya a tener el efecto real que se requiere cuando el país necesita con urgencia una legislación eficaz para combatir la criminalidad.

Sin embargo, saludo que exista una predisposición de esta naturaleza para abrir el debate y que este sea lo más plural, amplio y, sobre todo, orientado a lo que realmente necesita el Perú en este momento de su historia frente al crimen organizado y a delitos tan graves que cada día nos agobian.

¿Considera que, así como se crea esta comisión, también debería existir un grupo para impulsar una reforma del sistema de justicia?

Sí, pero la verdad es que ese es un trabajo que les compete a los congresistas, y ellos pueden convocar a todos los especialistas que requieran.

Pueden formar grupos de trabajo, mesas e incluso comisiones especiales. Así que creo que deberíamos dejar de lado esta predisposición que tienen tanto el Gobierno como el Congreso para crear comisiones de trabajo.

Quienes fueron privados de su libertad pueden iniciar procesos

Rosa Bartra sostuvo que la politización de la justicia y la judicialización de la política deben ser desterradas mediante un debate serio y sustentado en datos. Cuestionó la creación de nuevos grupos de trabajo y afirmó que las llamadas leyes “procrimen” deben ser revisadas por las comisiones del Código Penal y Procesal Penal del Congreso. También respaldó la desactivación de los equipos especiales Lava Jato, Eficcop y Cuellos Blancos.

Sobre Lava Jato, señaló que se concentró en los aportes de campaña y dejó de lado delitos de corrupción. Añadió que quienes fueron privados de su libertad pueden iniciar procesos de reparación. A su juicio, el sistema de justicia requiere una reforma para recuperar la predictibilidad y cumplir con estándares internacionales de la justicia nacional.