Esta semana el Congreso acaba de aprobar una Ley que va en contra de la reforma universitaria, que empezó en el año 2014 y ha permitido exigir a las universidades, mínimos estándares de calidad, para mejorar la enseñanza educativa y garantizar a los miles de estudiantes, a nivel nacional, tener una mejor formación académica.
En realidad, la SUNEDU lo que ha logrado en estos años es evitar que se siga estafando a los padres de familia, que hacían grandes esfuerzos para educar a sus hijos y lograr la ansiada carrera universitaria, como objetivo de vida y de desarrollo de muchos jóvenes.
Lamentablemente en el gobierno de Fujimori flexibilizó la Ley Universitaria y permitió la creación de universidades con fines de lucro, en desmedro de la calidad educativa y además facilitó la constitución de universidades informales, constituidas solo para lucrar y trastocar el derecho a la educación.
La consecuencia fue terrible, se degrado el sistema de enseñanza universitaria, al extremo que se ofertaba carreras universitarias a diestra y siniestra; dejo de ser un problema el ingreso a las universidades, que exigía un nivel mínimo de preparación y la competencia de los estudiantes para obtener una vacante, por el simple intercambio pecuniario.
El que tenía plata podía acceder a la mayoría de estas universidades de dudosa reputación y obtener el título que deseaban sin la rigurosidad que exige la academia en cualquier lugar del mundo. Muchas humildes familias, con esta ilusión de forjar el desarrollo de sus hijos, invirtieron todo lo que tenían, resultando una vil estafa, porque la pésima formación académica originaba profesionales mediocres que rápidamente eran rechazados en el mercado laboral, generando frustraciones y esa sensación de estafa.
Por eso se explica que tengamos universidades como la Cesar Vallejo que, en sus repositorios de investigaciones académicas, tenga más de 80,000 tesis y a la luz de los hechos, con serias observaciones y denuncias de plagio; mientras que las universidades de más prestigio como San Marcos o la PUCP tengan en promedio diez mil tesis. Además, había universidades como TELESUP o Alas Peruanas, que parecían franquicias comerciales con subsedes en todo el Perú y todas las carreras posibles, unas fábricas de títulos. Para garantizar el negocio se inmiscuyeron en política, para que desde el congreso garanticen “el negociazo”. Por estas evidentes razones no pudieron pasar el proceso de licenciamiento que regulaba SUNEDU y ahora son los principales auspiciadores de esta nefasta Ley.
Y surge esta decisión del Congreso en medio de un escándalo nacional con la denuncia de plagio de la tesis de maestría del propio presidente Castillo, que no ha podido explicar y mostrar argumentos creíbles que rebatan esta grave denuncia. Pero no queda ahí, porque la ministra Betsy Chávez también tiene otra denuncia de plagio de su tesis de pregrado y con un cinismo de antología trato de negar, exigiéndonos a todo el Perú que primero revisemos su tesis para criticar su deshonestidad intelectual.
La historia no queda ahí, porque el propio ministro de Educación también está involucrado en otra denuncia de plagio; está es la cereza de la torta, para comprender la magnitud del problema y el atentado a millones de familias, que esperan un estado garante y promotor de la educación de calidad.
Imaginen que ni siquiera estamos pidiendo excelencia, la SUNEDU solo garantizaba mínimos estándares de calidad y paradójicamente pretenden tumbárselo los traficantes de la educación universitaria.
(*) Excongresista
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