El Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), instituciones relacionadas con la comunidad jurídica, Defensoría del Pueblo, etc., muchos de sus miembros, no tienen la solvencia moral ni intelectual, como es de público conocimiento, para darnos seguridad ciudadana y combatir la corrupción.
Algunos de sus integrantes buscan la impunidad, tal como lo sostuve en mi libro ¡Reforma Judicial, publicado en el año 2008; y, casi nada ha cambiado, porque desde septiembre de 1820, – podemos decir-, nace el Poder Judicial, hasta la actualidad, jamás se ha verificado una reforma judicial, pues han existido las llamadas reorganizaciones, destituciones, de jueces y fiscales, para que los gobiernos y Congresos de turno que las llevaban a cabo, colocaban a sus allegados en su lugar.
Y como han manifestado destacados juristas, lo hacían con la finalidad de que cuando dejen el poder, los protejan y no sean sancionados por actos punibles que han cometido; y, lo verificamos con la creación y nombramiento de integrantes de los miembros de la JNJ. No permitamos que esto suceda bajo el pretexto de convocatorias de comisiones de alto nivel, consejo de justicia. No permitamos que nos engañen. Reaccionemos, que no se cumpla el deseo de Vladimir Cerrón de controlar el sistema judicial.
Es inaceptable que poderes del Estado que tienen una bajísima aceptación en la opinión pública, por estar algunos de sus miembros involucrados en actos de corrupción y la lógica finalidad que persiguen no solamente es controlar el sistema judicial.
Sino lo más grave conseguir la impunidad al designar a sus jueces y fiscales, como sostiene uno de sus líderes; y, a ello le agregamos que los entes autónomos, se encuentran en silencio inusitado, lamentablemente, porque sus nombramientos, se han llevado a cabo sin respetar la meritocracia muy venida a menos en los últimos años.
Además, las instituciones relacionadas con lo jurídico y la constitucionalidad, no dicen absolutamente nada, entiéndase colegios de abogados, facultades de derecho, ¿somos cómplices o estamos temerosos, ante el incremento de la criminalidad violenta, que al parecer es el objetivo de los dos poderes del Estado, quienes se han puesto de acuerdo para conseguir sus objetivos, seguir medrando del dinero estatal?
Es conveniente, que aquellos que vienen atacando a Pablo Sánchez, previamente verifiquen si el fiscal provincial que se apersonó a la oficina de Gorriti -nadie podrá sostener que me he beneficiado con sus Ong’s, todo lo contrario siempre lo he cuestionado-; pero, las normas procesales son de estricto cumplimiento, el fiscal provincial -víctima de Sánchez- respetó el artículo 218 del CPP, previamente requirió a Gorriti, para que exhiba documentos, al parecer no.
Entonces estaba incurriendo probablemente en prevaricato. Pablo Sánchez al llamarlo y decirle que suspenda la diligencia o se atenga a las consecuencias, estaba incurriendo en delito, no, porque solamente le comunicaba que estaba violando la ley procesal; además, el CP señala que incurre en una causa de justificación quien cumple con su deber.
Pues, la norma procesal señala, ante la negativa a exhibir, se recurre al juez a fin de que autorice allanamiento, exhibición e incautación. Es lo que debe hacer todo fiscal que respeta la ley procesal.
(*) Exdecano del CAL
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