El golpe del ciclón Yaku sobre la costa norte y Lima reconfirma que el Perú es una republiqueta descontrolada y profundamente corrupta.
El espacio que ocupamos siempre ha sido naturalmente inestable. A lo largo de unos 6 mil años de civilización desde los vestigios de Caral sucesivos fenómenos naturales tales como terremotos, inundaciones o aludes han modificado esta región en innumerables ocasiones. Terrible ejemplo de la destrucción por efectos climáticos es el caso de la cultura mochica, cuyas grandes ciudades de adobe desaparecieron hacia el año 650 d.C, cuando el norte sufrió prolongadas lluvias que provocaron el desborde de una decena de ríos.
En tiempos recientes el año 2017 el “Niño Costero” provocó más de 100 mil damnificados, 75 fallecidos, 10 mil viviendas colapsadas y medio millón de afectados Pedro Pablo Kuczynski movilizó al Estado bajo una nueva entidad, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), cuyo Plan Integral era restituir toda la infraestructura física dañada y destruida en 13 regiones del país: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes. Específicamente debía encontrar soluciones integrales para 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales; además de reconstruir infraestructura en los sectores de educación (74 escuelas) y salud (15 establecimientos). Las obras de prevención y reconstrucción se previeron bajo la modalidad de gobierno a gobierno.
El proyecto resultaba único en su género. Sin embargo tras los gobiernos de PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo y lo que va de Boluarte los resultados son catastróficos y por ello no se puede afrontar en buen pie a Yaku.
La Contraloría ha hallado a 845 funcionarios, a nivel nacional y de los tres niveles de gobierno, con 1982 responsabilidades, de las cuales 715 son penales, 206 civiles y 1061 administrativas. Y del presupuesto asignado a la RCC, de 25 mil millones ya se han gastado 21 mil millones pero no se han solucionado los problemas integrales en el manejo de las cuencas, como las defensas ribereñas, las represas, la reforestación, entre otros. Peor todavía, el dinero se ha despilfarrado en consultorías y estudios para obras que no son visibles ni efectivas debido a la mala gestión y la incapacidad de muchos funcionarios cuyos sueldos son indecorosamente altos. Para tener una idea de la salvajada en curso, aproximadamente 4,055 millones de soles se invirtieron en gastos corrientes que incluyen la contratación de personal y compra de bienes.
Tan inaceptable situación demuestra la incapacidad, la corrupción y el robo sistemático en la administración pública. Un problema que se enfatizó en el período de Martín Vizcarra, un sinvergüenza sobre quien está pendiente el juicio por el pésimo manejo de la pandemia del COVID 19, en la cual se derrocharon unos 143 mil millones de soles.
Hoy es prematuro establecer la magnitud de los daños causados por el ciclón Yaku y la calidad de la respuesta gubernamental. En Lima sí es notable el esfuerzo desplegado por el Municipio Metropolitano, aunque el drama todavía está en curso.
Desde el Ejecutivo se plantean alternativas a futuro como la creación de un Ministerio de Infraestructura pero de antemano nos oponemos a esa posibilidad. El estado ya está sobredimensionado, la burocracia pública es hipertrófica y la capacidad de control es escaza. Más bien creemos urgente sancionar a quienes mal administraron y robaron bajo la mal llamada Reconstrucción con Cambios. Todos los funcionarios deben ser investigados y sentenciados penalmente. La impunidad no debe mantenerse para quienes tanto daño hacen a la nación.
(*) Analista político
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