Como suele suceder, el arribo de la Navidad y el Nuevo Año genera distensión política. Así fue en los períodos más álgidos de nuestra historia y, por lo tanto, dable en las actuales circunstancias. Es quizá el momento para la reflexión.
Sin duda, pasará mucho tiempo y se seguirá debatiendo lo acontecido al final de la mañana del 7 de diciembre del 2022. Y podría ser que jamás alcancemos una versión definitiva. Pero al margen de las explicaciones, ese día cambió el curso de las cosas. En un santiamén, lo que llevaba más de un año embalsado se resolvió gracias a un golpe melindroso. Una insensatez mayúscula aceleró los tiempos a punto que la vacancia inmediata y la detención por flagrancia –que no estaban predeterminadas– coincidieron con una simultaneidad decisiva e inobjetable.
Colofón de esta suerte del destino fue la juramentación de la señora Boluarte al solio presidencial del Perú. Era lo propio. Lo que dictaba la sucesión constitucional; aunque –apenas 48 horas antes– pendía sobre ella una inhabilitación para todo cargo público, por una denuncia de la Contraloría. ¡Imposible imaginar un desenlace más rocambolesco, para una situación política que se pasmaba en un luengo tedio donde: “no pasaba nada”!
Probablemente otra vez el vértigo político apenas culminen las festividades. Y dos caminos se bifurcarán: una segunda fase castillista más afiatada, claro está, o el tránsito hacia nuevos comicios generales. Esta última opción no nace del deseo de la presidente. Ella anhela llegar al 2026 como muchos parlamentarios de todas las tiendas. Pero no serán las razones subjetivas las prevalentes, sino los crueles imperativos de la realidad.
Mientras la belicosidad anime a sus camaradas, Dina deberá conformarse con un gobierno corto y mero garante de elecciones anticipadas. Mas si lograra reconciliarse con ellos, el continuismo quedaría abierto. En tal caso, la oposición anti-castillista se volvería contra ella. Muy complicado; pero tampoco la vía de la transición estaría ajena de percances.
El reto inmediato: ¿cómo frenar los actos subversivos en una asonada próxima? ¿Capitulará ante la violencia o reconocerá el derecho de la democracia a defenderse, aplicando con firmeza los mecanismos constitucionales, a pesar del inevitable costo social?. Y ¿cuál será su respuesta a la angurria caviar de secuestrar a la SUNEDU, aun cuando el TC ha declarado la validez de la ley sobre la autonomía universitaria? De las respuestas evaluaremos.
(*) Constitucionalista
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