Es absurdo pensar que, si en el Perú se replica una estrategia de otro país en la lucha contra el crimen, se tendría que aplicar al pie de la letra, como un plagio o una copia. El denominado plan Bukele ha causado mucho escozor, como alguna vez lo hicieron el plan Bratton, propuesto por el exalcalde Alberto Andrade, y el plan Giulliani, planteado por la entonces candidata Keiko Fujimori.
El plan Bratton, popularizado en los 90 por el comisario de la Nueva York, William Bratton, y el alcalde Rudy Giuliani, se inspiró en la teoría psicológica de las “ventanas rotas”. Según esta hipótesis, si se rompe una ventana en un edificio y no se la reemplaza a tiempo, los delincuentes van a romperla por completo e ingresarán por allí a robar y entonces romperán otras ventanas y al final se destruirá el edificio completo. En base a esa teoría, la policía de Nueva York realizaba batidas y rigurosos controles. Encarcelaba a muchas personas, entre ellas asesinos requisitoriados, violadores, terroristas o criminales en potencia. Los resultados fueron asombrosos: entre 1990 y 2007 se redujo el índice criminal en un 77%. Nueva York se convirtió en una de las ciudades más seguras.
Alberto Andrade no tuvo apoyo para aplicar el plan Bratton debido a las trabas burocráticas y la campaña de desprestigio en su contra realizada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Sin embargo, el exalcalde de Lima logró la recuperación del centro histórico con su frase: “¡Adelante, carajo». El plan Giuliani, del que hablaba Keiko, no era otra cosa que el plan Bratton.
El plan Bratton planteaba integrar el trabajo de la Policía Nacional, los serenos y los propios vecinos para combatir la delincuencia. Los celos políticos e institucionales y el prurito de la Policía hacía que los serenos impidieran que se ensayen siquiera algunas fórmulas del plan Bratton. Por ello, en materia de seguridad ciudadana no hubo chicha ni limonada. Murió Alberto Andrade y la delincuencia siguió en su garbanzal. Hoy, la inseguridad ciudadana es la principal preocupación de la población.
Ahora se plantea el plan Bukele. Pero, como si Perú y El Salvador fueran dos países idénticos, como si sus realidades sociales, económicas y culturales fueran las mismas, sus detractores advierten que su aplicación sería literal, sin adaptar nada a la realidad peruana. Llegan al ridículo de advertir que se violarían los derechos humanos, que se cometerán abusos con los delincuentes presos, a quienes harían sufrir por matar a inocentes a sangre fría. Realmente patético. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
