En una medida que fue calificada como un obstáculo contra la inversión privada y el derecho al trabajo de cientos de jóvenes la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, clausuró el complejo turístico “Bordemar”, dejando sin trabajo a más de 500 familias. Así lo denunciaron empresarios y trabajadores de este espacio turístico, el cual permanece clausurado desde el pasado 27 de diciembre.
Según las autoridades de Barranco, “Bordemar” no tiene el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y por ello no puede abrir sus puertas al público, pero abogados de esa empresa aseguran que la alcaldesa miente.
“La gestión pasada desobedeció un mandato judicial que nos permite trabajar. Ahora la alcaldesa Vargas pone de excusa el ITSE. Dice que no la tenemos y eso es totalmente falso. En el 2020 nosotros iniciamos la solicitud de renovación y nunca nos respondieron. No quisieron ni darnos el cargo. La norma nos ha otorgado los beneficios del silencio administrativo positivo, pero Jessica Vargas las desconoce”, asegura Angiela Díaz, asesora legal de la corporación AFE Gourmet.
