En el marco de la modernización del Estado, la gestión pública ha experimentado una cierta transformación, desde sus prácticas burocráticas (weberianas) antiguas que no le permitían mayor flexibilidad funcional hasta una actualidad, en donde ya se habla de una “Nueva Gestión Pública”, que se orientaría por criterios innovadores, que se encuentran próximos al sistema de gestión de calidad total (total quality management) que se aplica por excelencia en el ámbito de las empresas del sector privado empresarial, que se maneja centralmente por una
gestión de procesos.
En esa medida, los nuevos principios son sustancialmente la satisfacción del ciudadano, el diseño de procesos y de productos, el benchmarking competitivo, el proceso de mejora continua, entre otros. Ahora se habla de la política de modernización del Estado, proyectándose los logros a determinado periodo de tiempo, en un cierto sentido de planificación; pero en el marco de principios como el de gobierno abierto, bajo el enfoque de la gobernanza de las administraciones, de un modelo que implicaría una mucho mayor participación de la población en los asuntos públicos que le conciernen.
Tal democratización de la gestión pública es sin duda digna de los más grandes elogios. La idea de una mejor y
más efectiva rendición de cuentas está más presente que nunca en el modelo de la gobernanza. Al fin de cuentas, los problemas públicos afectan directamente a la ciudadanía, que es la destinataria de los servicios públicos.
“La gestión pública técnica siempre es bienvenida; pero hay variables de distorsión como la corrupción y la
impunidad de las sanciones, siendo grave la corrupción que permite el ingreso al servicio público de personas que no reúnen el mérito respectivo”.
La parte técnica siempre es bienvenida en todo orden de cosas, lo que incluye a la gestión que se realiza en el Estado en donde no se trata de obtener fines lucrativos o de ganancia para unos socios capitalistas, sino de atender a las necesidades de la población general, por lo que lo que interesa a la gestión pública es propender al bienestar y seguridad de la población en el contexto del bien común.
Sin embargo, como reza el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, sobre todo cuando hay variables de distorsión graves como la corrupción y la impunidad de las sanciones. Corrupción como la que permite e incentiva el ingreso al servicio público y al Estado a personas que no reúnen el mérito respectivo. Impunidad como la que permite que no sean sancionados los actos de corrupción referidos al ingreso de amantes de funcionarios públicos al servicio estatal. Si los funcionarios quieren tener amantes, que las financien o mantengan con su propio dinero.
(*) Analista político
