Por: Ricardo Gómez Palma
El economista Manuel Romero Caro propuso que se inicie una megainvestigación por las presuntas irregularidades en el caso Lava Jato tras conocerse el acuerdo de delimitación de pruebas suscrito por el fiscal
José Domingo Pérez, y el recorte de más de 411 millones de soles de la reparación civil de Odebrecht.
Genera preocupación el caso Lava Jato, que está quedando en nada porque Jorge Barata ahora
no recuerda nada.
Esta semana se ha conocido un acuerdo secreto. Se trata del acuerdo de delimitación de pruebas suscrito por José Domingo Pérez que impedía que Barata o cualquier colaborador eficaz de la fiscalía
brasileña que declarara o entregara algunos documentos, puedan ser acusados, ni juzgados civil,
administrativa o penalmente; y este blindaje se extendía a todas las empresas del grupo Odebrecht
y del grupo Braskem.
Ahora nos explicamos por qué Barata decía mentiras o no recuerda el nombre de ningún codinome. Lo hace porque sabe que no lo podrán acusar. Barata se comprometió a entregar información valiosa, pero si
no lo hace se supone que tiene una responsabilidad penal.
Eso está establecido en el acuerdo de colaboración eficaz inicial, que, si no decía la verdad u ocultaba algún hecho, perdía su naturaleza su condición de colaborador eficaz y podían caerle encima. Pero Barata
se fue a la fiscalía brasileña, que haga este acuerdo de limitación de pruebas con el cual puede mentir y
hacer lo que quiera y nadie lo podía acusar.
Han pasado varios años desde que se inició la investigación y los fiscales siguen sin mostrar el acuerdo
de colaboración eficaz. No lo quieren mostrar, pero parece que hubo acuerdos complementarios, como el que acabamos de comentar. La pregunta es ¿quién autorizó el acuerdo este de limitación de pruebas?, porque las clausulas establecen que José Domingo Pérez y una fiscal transitoria del área de
cooperación internacional de la fiscalía dicen tener el poder para asumir todos los compromisos que se
están planteando.
¿Sabían de este acuerdo Zoraida Ávalos o la fiscal Patricia Benavides?
Me sorprende que haya un agregado al acuerdo de colaboración eficaz que lo que hace es eximirle toda responsabilidad, así no colabore y no cumpla la parte esencial de su compromiso. Yo creo que ahora que ya empezó el derrumbe con la suspensión de Rafael Vela y debe ocurrir lo mismo con José Domingo Pérez, ellos
deben ser cesados de inmediato y se deben de empezar las investigaciones. Porque han pasado 7 años y
tenemos cero puntos, cero balas.
Este caso no solo alcanzó notoriedad porque los implicados eran expresidente, sino también por el perjuicio económico de miles de millones de dólares que causaron estos acuerdos corruptos.
A la ciudadanía se le estafó de muchas maneras. Una de ellas, le recortaron 411 millones de soles a la
reparación civil que iba a ir para todos los peruanos. Ocurrió por la venta de la central hidroeléctrica
de Chaglla. El ministro de Justicia de aquel entonces, Vicente Zeballos, informó a la prensa extranjera
que se había llegado a un acuerdo por la venta de US$1.200 millones, pero descontando la deuda quedaban entre US$600 y 620 millones, de los cuales el 50% eran para los proveedores de Odebrecht y la otra mitad para la reparación civil, unos US$320 millones, o sea, unos 1,041 millones de soles, perorecibíamos 630 millones.
Hay una diferencia de 411 millones de soles. ¿Dónde está ese dinero? Es un regalito de los fiscales héroes que tenían la facultad de reducir o anular la reparación civil. ¿Quién ordenó rebajar los 411 millones destinados
de reparación civil? Esa rebaja no hubiese podido darse sin autorización de Vizcarra. A él lo están
investigando por centavos, pero por los miles de millones de soles, como son este tipo de cosas, no le investigan porque hay poderes fácticos detrás que impiden esta investigación. Se tiene que iniciar una megainvestigación desde el inicio sobre la operación Lava Jato, algo así como una Comisión de la Verdad, para que se conozca ¿por
qué se les quitó a los peruanos 411 millones de soles?, ¿con qué poder mandaron a José Domingo Pérez a
firmar este acuerdo de limitación de pruebas?
“Descontento social es un negocio para los izquierdistas y caviares”
Se están promoviendo más marchas de protesta contra el Gobierno…
A los caviares, a los izquierdistas lo que les interesa es que la economía se desacelere y que haya
descontento social porque ese es un negocio. Ahí
está Andrés Manuel López Obrador, quien dijo
que, si los pobres dejan de ser pobres, dejarán de
votar por la izquierda: más claro no lo pudo decir.
Tenemos pruebas suficientes que el modelo de la
izquierda ha fracasado, no solo por lo que pasó
en el pasado en Unión Soviética, sino con lo que
está pasando en Argentina, donde el dólar blue
supera los mil pesos, y pronto ocurrirá esta crisis
a Bolivia.
