El Congreso de la Repúlbico dio su informe final respecto al Caso Mochasueldo de la que fue acusada la congresista María Jon Cordero. Con 48 votos a favor, se rechazó levantar la inmunidad de la parlamentaria a fin de que sea procesada a nivel judicial por el presunto delito de concusión.
De esa manera, el Congreso tras solicitar inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública a la congresista Jon Tay por la denuncia de recorte de sueldo a un trabajador a su cargo no prosperó.
Como se recuerda, la resolución legislativa que recomendaba la inhabilitación obtuvo 51 votos a favor, 6 en contra y24 abstenciones. Se requería 67 votos a favor.
En tanto, otra resolución legislativa que recomendaba haber lugar a la formación de causa penal contra la legisladora por la presunta comisión del delito de concusión no fue aprobada, alcanzando 48 votos a favor, 6 en contra y 24 abstenciones. Se requerían 51 votos a favor para su aprobación.
La congresista Susel Paredes (CD-JP), ponente del informe de la denuncia constitucional, sostuvo que Cordero habría infringido varios artículos de la Constitución en la denuncia formulada por Rafael Aurelio Cabrejos Vela, trabajador a su cargo, quien la acusó de haberle recortado entre el 50% y 70% de su sueldo entre el 2022 y 2023.
Durante el debate de esta denuncia constitucional, los congresistas Edwin Martínez (no agrupado) y José María Balcázar (PB) se pronunciaron en contra de la sanción a la referida parlamentaria, argumentando que corresponde al Ministerio Público continuar con las investigaciones para esclarecer esta denuncia.
En tanto, Roberto Chiabra (APP) dijo que la baja aprobación del Congreso se debe a los parlamentarios que han recortado el sueldo a sus trabajadores, y propuso que las comisiones especiales, donde se denuncian estas prácticas, sean integradas por trabajadores de planta del Legislativo.
En su defensa, la congresista María Cordero precisó que el Pleno del Congreso ya la había suspendido por 120 días por este caso, señalando que no puede recibir una doble sanción por los mismos hechos.
“Esta vez se busca desaforarme, suspenderme indefinidamente vulnerando mis derechos fundamentales y el debido proceso (..) Pido un voto de conciencia porque injusticia extrema no es derecho humanitario, la justicia debe ser el valor de cada uno, un voto de conciencia porque todos iguale”, refirió.
La congresista Paredes planteó una reconsideración de las dos votaciones efectuadas respecto a Cordero.
