Inseguridad jurídica y ciudadana: la delincuencia violenta y corrupta se vuelve incontenible

La grave situación en la que nos encontramos los peruanos, originada por la falta de decisión de nuestras autoridades: Ejecutivo, Legislativo, Junta Nacional de Justicia, colegios profesionales, Defensoría del Pueblo, Congreso de la República, municipalidades, regiones; nos lleva a pensar que al parecer se han puesto de acuerdo para que vivamos este caos, nunca antes vivido, con la finalidad de que vivamos atemorizados y preocupados por la delincuencia que nos aqueja.

Asesinatos, extorsiones, secuestros, sicariato, robos; es el caso, que en la práctica nos olvidamos de lo que vienen realizando algunas de nuestras autoridades y no reparamos cómo disponen ilícitamente de nuestro dinero. Es más, no toman medidas preventivas ante la amenaza del Niño costero, es decir, no hay prevención en salud, educación, calamidades y se dice que han otorgado ingentes sumas de dinero para prevenir estas necesidades.

Pero la realidad nos demuestra lo contrario, pues con las lluvias que se han producido en algunas zonas, han originado graves daños y ninguna autoridad de control toma las decisiones y denuncia estos actos delictivos que son agravados, al apropiarse del dinero, destinados a fines sociales.

El secuestro de una niña de 12 años, nos demuestra cómo los delincuentes realizan sus actividades delictivas, con la seguridad de que no les pasa nada, pues al ser capturados por la policía y puestos a disposición de la fiscalía, verificamos que algunos malos fiscales les otorgan libertad y en otros casos, algunos jueces. Pero, lo más grave es que estas conductas no son de ahora, sino desde hace bastante tiempo y la Junta Nacional de Justicia, los Órganos del Control Interno del Ministerio Público y Poder Judicial, no denuncian ni investigan ni mucho menos sancionan a estos fiscales o jueces.

Recién a raíz del escandaloso caso de Pachacamac, en el que un avezado delincuente, al parecer ni siquiera fue denunciado ante el juzgado pidiendo prisión preventiva o sea, que fue puesto en libertad por el fiscal, volvió a ser capturado por la policía, al igual que en la anterior oportunidad, con armas, granadas, artefactos explosivos incurriendo en el delito de terrorismo, nos exponen a sanguinarios delincuentes en las calles, para que sigan delinquiendo, en evidente perjuicio de nuestros hijos, nietos y la gente honrada.

Se dice que una juez ha sido destituida, pero también debe ser denunciada y sentenciada, pues no debe permitir impunidades.

El Ejecutivo, lejos de realizar acciones para combatir la delincuencia, no ha encontrado mejor solución que dictar leyes para descongestionar las cárceles a los sentenciados hasta un máximo de 12 años de pena privativa, puedan obtener su libertad y tengamos más delincuentes en las calles.

(*) Exdecano del CAL

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