La figura de los jueces sin rostro aplicado en el país durante el régimen de Alberto Fujimori para la lucha contra el terrorismo, vuelve a debatirse en la opinión pública, luego de que el legislador Juan Burgos Oliveros presentara
recientemente un proyecto de ley para restituir los tribunales sin rostro en el Perú.
Según Burgos, la restitución de esta figura se justifica porque la delincuencia se ha convertido en un problema recurrente y cada vez más preocupante en el país. Dijo que actualmente el Perú ocupa el décimo lugar en América Latina en el índice de criminalidad, solo superado por México, Brasil, Ecuador, Honduras, entre otros.
De acuerdo con el proyecto, la identidad de los magistrados y fiscales que intervengan en la investigación, juzgamiento y sanción de imputados en los delitos de crimen organizados es secreta y se preserva de acuerdo al procedimiento establecido por el Poder Judicial.
Asimismo, los jueces y fiscales no requerirán firmar las resoluciones judiciales, pues su identificación se preserva con los códigos dispuestos por el Poder Judicial.
Por último, se establece que la creación y/o regulación de códigos de identificación para los abogados que participen de estas diligencias, y las sanciones a los imputados, estará a cargo del Poder Judicial por un plazo de 120 días calendarios a partir de la fecha de promulgación de la ley.
La figura de los tribunales sin rostro en el país se aplicó en la década de los 90, para hacer frente a la insania de los grupos terroristas. En los seis años de funcionamiento (1992-1997), cientos de personas inocentes fueron sentenciados como terroristas. Sin embargo, a instancia de la CIDH y el TC, estas sentencias fueron anuladas debido a que se afectó la presunción de inocencia, el derecho de la defensa y el debido proceso. Por eso, en
el 2004, tuvieron que repetirse la mayoría de los juicios por terrorismo, incluidos los casos contra las cúpulas de Sendero Luminoso y el MRTA.
“La figura de los tribunales sin rostro en el país se aplicó en la década de los 90, para hacer frente a
la insania de los grupos terroristas”.
Volver a realizar los juicios fue todo un problema. Muchos testigos habían muerto y otras pruebas desaparecieron por el paso del tiempo. Si bien el autor del proyecto afirma que su propuesta estaría en el ámbito de la justicia civil y no militar como aconteció en los años 90, el riesgo de aplicar esta figura es muy riesgosa por la alta probabilidad de que se sentencien a personas inocentes.
En vez de un proyecto de esta naturaleza, habría que trabajar en tener un sistema especial de jueces y fiscales, con logística y seguridad especial para enfrentar los riesgos. Igualmente, contar con acciones de contrainteligencia para evitar infiltrados.
Luego, hay que tener una normativa jurídica especial, con investigaciones serias que no califiquen todo como organización criminal para evitar los falsos positivos y que los procesos no duren más de 36 meses.
(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali
