Los políticos nos siguen engañando: no se necesitan facultades legislativas para combatir la inseguridad
Por: Mario Amoretti Pachas
El JNE no respeta la Constitución. De acuerdo con el artículo 34-A: “Están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autores o cómplices, por la comisión de delitos dolosos”. El 3 de enero de 2026 dispuso: “No se permite la reelección inmediata de alcaldes de las municipalidades (…)”. Algunos postulantes a una elección popular, violando dichas normas, han sido admitidos con la anuencia del JNE.
Los artículos 137 y 165 de la Constitución facultan a las Fuerzas Armadas a intervenir en estado de emergencia; antes no se hizo, recién ahora. Alberto Fujimori lo hizo para combatir el terrorismo y con éxito, utilizando el servicio de inteligencia, reconocido por los peruanos.
La Policía, facultada para hacer uso de lo dispuesto, hace años, en los artículos 205 (control de identidad policial) y 209 (retención policial) del Código Penal, puede intervenir a cualquier persona sin autorización judicial ni fiscal; de no identificarse, es conducida a la comisaría y retenida hasta por 4 horas; si tiene orden de captura, es puesta a disposición del juez que la ordenó; y, en caso de ser extranjera e ingresar ilegalmente al Perú, es puesta a disposición de Migraciones para que aplique las medidas correspondientes. Cuántos asesinatos, extorsiones y secuestros se hubieran evitado.
Pedir facultades para ampliar las acciones de inteligencia y que los simpatizantes de grupos terroristas se opongan es solamente parte de discursos políticos, sin ningún sustento jurídico.
Lo real y concreto es que los peruanos estamos desprotegidos desde hace décadas; hace más de dos meses que se discute conceder facultades legislativas; existen más de 12 leyes y decretos legislativos sobre inseguridad ciudadana.
El Código Penal de 1991, vigente, tenía 452 artículos y ha sido modificado en más de 700 oportunidades. Los políticos quieren crear delitos como «organización criminal terrorista» y «grupo hostil»; les recomendamos que lean la Carta Magna y comprobarán que son inconstitucionales.
Lo que sobra son leyes penales carentes de técnica jurídica; otorguen facultades para elaborar un nuevo Código Penal a cargo de especialistas y no de políticos.
La delincuencia se incrementa y no se recurre a planes y estrategias para ejecutar acciones a fin de prevenir y enfrentar la inseguridad ciudadana; convoquen a exmiembros de las Fuerzas Armadas y a policías de inteligencia que fueron enviados al retiro por gobiernos anteriores. Las decisiones políticas e intereses nos han llevado a la situación actual y demuestran el deseo de que vivamos asustados.
Ante el triste espectáculo que vemos de algunos senadores y diputados, recurramos a un referéndum a fin de que se retome la revocatoria a mitad de la gestión de nuestros representantes.
(*) Exdecano del CAL
