Sendas declaraciones, una de 64 ex Comandantes Generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, en situación de retiro, y otra por centenares de Oficiales Generales y Oficiales Superiores de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, también retirados, dio lugar a una brusca reacción del Presidente Sagasti que las calificó de inaceptables y golpistas, disponiendo el envío de esta última a la Fiscalía para las investigaciones pertinentes.
En paralelo, un personaje estrafalario presentó una denuncia contra los ex Comandantes Generales, la misma que ha sido acogida por la Primera Fiscalía Corporativa a cargo del Dr. Vìctor Hugo Salvatierra Valdivia, bajo los supuestos delitos de Rebelión, Sedición y Promoción de Sedición..
Obviamente, ante el aliento presidencial admitió rápidamente el inicio de diligencias preliminares contra el ex Presidente Gral. EP Francisco Morales Bermúdez, el Vicealmirante Julio Pacheco Concha Hubner y el Teniente General FAP Javier Nadal Payva y todos los ex Comandantes Generales de las tres armas.
En estas circunstancias, la pregunta básica es: tienen los militares en situación de retiro derecho a emitir opiniones políticas? La respuesta es afirmativa, los constitucionalistas Víctor García Toma y Aníbal Quiroga, nos recuerdan que son ciudadanos con todo el goce de sus derechos civiles y pueden elegir y ser elegidos, por lo que como tales se acogen al art. 2º inc. 4 de la Carta Magna: “Toda persona tiene derecho: A. Las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos”.
Si esto es así, no puede existir delitos de Rebelión, Sedición o Conspiración, porque sería criminalizar un derecho constitucional. Ese es el criterio expresado por los penalistas Luis Lamas Puccio y Humberto Abanto, quienes señalan que no es viable una inculpación de esa naturaleza y predicen el archivamiento de la denuncia.
Pero más allá del trámite fiscal, me pregunto si no es imprudente que por presión del Ejecutivo se procese penalmente a militares, marinos y aviadores que han combatido en defensa de la integridad nacional en la Cordillera del Cóndor, que han luchado arriesgando sus vidas contra el terrorismo y el narcotráfico en el VRAEM y que han tenido una trayectoria profesional que les ha permitido llegar al más alto grado en sus instituciones.
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