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Poder Judicial ha emitido alrededor de 170 mil alertas judiciales en las que intervienen personas con discapacidad

En seminario, servidores de municipios limeños reciben capacitación sobre adecuada atención a esta población vulnerable.

Desde el 2019 a lo que va del presente año, el Poder Judicial ha identificado 168 mil 690 alertas judiciales para personas con discapacidad, de las cuales 166 mil 570 corresponden a la Corte de Lima, seguido de los distritos judiciales de Ventanilla-Puente Piedra (289), Lima Este (229), La Libertad (211) y Lima Sur (204).

Estas cifras fueron reveladas durante el seminario “Acceso a la justicia y estrategias para la atención de personas con discapacidad”, que organizó la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi.

Al respecto, la integrante de la referida comisión, jueza Maruja Hermoza Castro, señaló que la referida funcionalidad alerta a juezas y jueces, así como al personal jurisdiccional, sobre procesos judiciales en los que intervienen, directa  o indirectamente, personas de esta población vulnerable, cualquiera sea su nacionalidad.

“Esta alerta, que es de carácter obligatorio en las 35 cortes del país y la Corte Suprema, permite realizar los ajustes necesarios y garantizar la celeridad en los procesos donde participan o están involucradas personas con discapacidad”, señaló la magistrada.

La alerta judicial es un mecanismo que realiza este poder del Estado a través de la Gerencia de Informática sobre advertencias de atención preferencial a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ).

SOBRE EL SEMINARIO

En el seminario, realizado en el auditorio del Colegio de Arquitectos, en Jesús María, fueron capacitados más de 120 trabajadores de las oficinas municipales de atención a personas con discapacidad (Omaped), así como personal de atención al usuario y participación ciudadana de diversos municipios limeños.

También fueron capacitados personal de comisarías de Lima, orientadoras judiciales del Poder Judicial e integrantes de colectivos de personas con discapacidad.

La actividad, que tuvo como objetivo brindar conocimientos y técnicas para la atención adecuada de la mencionada población, fue organizada conjuntamente con la Municipalidad de Jesús María y la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis).

Durante el evento, Hermoza Castro señaló que el Poder Judicial tiene el compromiso institucional de mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, para lo cual ha elaborado documentos normativos que obligan su cumplimiento a juezas y jueces, así como al personal jurisdiccional.

Por su parte, el alcalde distrital de Jesús María, Jorge Luis Quintana García Godos, consideró primordial que los servidores municipales conozcan sobre accesibilidad a los servicios de justicia, así como las alertas judiciales respecto a la mencionada población vulnerable.

“Resulta primordial conocer las estrategias del Poder Judicial y sobre todo los derechos que tiene este grupo de personas vulnerables, como el acceso a la justicia y la atención adecuada a sus demandas, para brindarles la atención que merecen”, señaló.

El burgomaestre sostuvo, además, que en el distrito de Jesús María habitan más de 40 mil personas adultas mayores, muchas de ellas en condición de discapacidad por problemas de salud.

“Hay una gran tarea por hacer en nuestras ciudades, como adecuar accesos y mejorar la comunicación, pero iniciativas conjuntas como esta con la Comisión de Acceso a la Justicia, permiten dar un paso adelante para avanzar en el trabajo pendiente”, anotó.

TODOS LOS TEMAS

En el seminario fueron tratados diversos temas como los estándares normativos para las personas de discapacidad, a cargo del comisionado de la Defensoría del Pueblo, César Torres acuña; así como sobre la política nacional multisectorial sobre esta población a cargo de la especialista de Conadis, Laura Adela Ruiz Pimentel.

Finalmente, la directora de Sodis, Pamela Smith Castro, expuso sobre estrategias diferenciadas para personas con discapacidad, en la que resaltó el trabajo del Poder judicial a través de la Comisión de Acceso a la Justicia.

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