Para nadie es un secreto que la corrupción ha calado hondo en las instituciones del país. Prueba de ello son los expresidentes internados en el penal de Barbadillo, así como exgobernadores regionales, alcaldes y otros funcionarios públicos que, si no están internados en algún establecimiento penitenciario, son blanco de investigaciones por parte del Ministerio Público.
En medio de este panorama vergonzoso, la Municipalidad de Lima acordó presentar una iniciativa al Congreso de la República para endurecer las sanciones. Así lo informó el alcalde Rafael López Aliaga a través de su cuenta
de Twitter. “¡Cadena perpetua para corruptos!
En Sesión de Concejo hemos aprobado por unanimidad el Proyecto de Ley para establecer sanciones ejemplares para funcionarios involucrados en actos ilícitos. En los próximos días haremos llegar esta iniciativa al Congreso
de la República”, señala la publicación del burgomaestre.
Cabe indicar que, en reiteradas oportunidades, la autoridad edil había evidenciado su postura respecto a esta sanción para los funcionarios hallados culpables de corrupción. Incluso, ha llegado a estar de acuerdo con aplicar la pena de muerte por este delito.
De otro lado, el burgomaestre de Lima ha enfilado sus baterías para cuestionar a la exalcaldesa Susana Villarán, quien es investigada por presuntamente haber recibido coimas por parte de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, para el contrato de concesión del proyecto vial Línea Amarilla en el año 2012. La Fiscalía de la Nación solicita para ella una condena de 29 años de prisión.
Por robo con muerte, sicariato, violación de menores y otros delitos
El Código Penal establece que la cadena perpetua se aplica cuando el delito de robo es perpetrado por una organización dedicada al crimen organizado o si, como consecuencia del robo, se le da muerte o causan lesiones graves a un afectado. Además, por sicariato, secuestro, en este caso si la víctima es un menor de edad o mayor de 70 años, o si sufre discapacidad o si el abuso termina en muerte o lesiones graves.
Además, se pena el feminicidio, trata de personas y si producto de ello un agraviado fallece, violación sexual de menores o extorsión a un menor de edad.
