No solo Áncash, Cajamarca y Moquegua tienen canon minero. El dinero por este concepto les corresponde, de acuerdo a su aportación, a todos los departamentos o regiones, desde Tumbes hasta Tacna y desde Lima hasta Loreto. La única circunscripción que no lo recibe es el Callao, que por el concepto de rentas tiene el de aduanas. En el 2020, las 24 regiones y las municipalidades recibieron un total de 1,732 millones de soles. Lo paradójico es que en muchos lugares no invierten todo el dinero y muchas autoridades lo gastan en obras absurdas.
El canon minero es la participación de la que gozan los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) y los gobiernos regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos).
El año pasado, según el Ministerio de Economía y Finanzas, los gobiernos locales de Áncash recibieron 572 millones 229 mil 155.83 soles y el regional, un total de 190 millones 743 mil 065.85 soles. Lima, entre municipalidades y el gobierno regional, recibió más de 71 millones de soles; mientras que Piura, más de 6 millones de soles. Solo por mencionar algunos ejemplos.
Lo que no se puede explicar es a dónde va el dinero del canon minero en las regiones, provincias y distritos donde los ingresos por este concepto son gigantescos. Hay lugares donde la pobreza extrema es histórica, casi crónica, pese a que las autoridades reciben ingentes cantidades por el canon minero.
Es cierto que aún persisten el centralismo y la hegemonía de Lima, que margina al denominado Perú profundo, relegándolo al abandono y la indiferencia. Sin embargo, buena parte de la responsabilidad del atraso y la pobreza en sus pueblos es de los alcaldes y gobernadores regionales.
Faltan no solo carreteras, hospitales y colegios, sino también caminos de trocha, postas médicas, agua y desagüe, entre otros servicios que, si bien su ejecución no es necesariamente atribución de los gobiernos locales y regionales, bien pueden ser exigidos, gestionados o apoyados por estos últimos.
Es decir, procurar la ejecución de obras que verdaderamente beneficien a la población y no, por ejemplo, la construcción de monumentos ridículos e innecesarios como el de la maca en la plaza de armas de Huayre (Junín), el parque del Árbitro en Tumbes o el obelisco a la biodiversidad, de Puerto Maldonado, que fue elegido como uno de los monumentos más feos del mundo.
Lo peor es que, en muchos casos, este tipo de obras solo sirven como cortina de humo para tapar la corrupción, que ha llevado a la cárcel a muchos alcaldes y gobernadores regionales, pero otros, también culpables, siguen gozando de impunidad.
