Las torpezas de Dina

El gobierno sigue sin acertar una. El país arde con mil y un problemas, Boluarte se limita a la clásica expresión de “vamos a hacer…” y el pueblo no da para más. En el límite de Chile casi un mes después de que empezaran a llegar los migrantes ilegales hasta hoy no se tiene capacidad de respuesta para la crisis humanitaria. Más de 15 mil venezolanos y haitianos se fueron a Chile, pero dado que ese país no los acepta, ahora literalmente los están arreando al territorio peruano; inclusive hay testimonios de cómo los carabineros orientaron a la gente para que cruzara en una frontera desértica llena de minas antipersonales.

Unos cinco mil llegaron hasta Tacna donde ahora están mendigando sin someterlos a control para expulsarlos del país. Cretinamente el gobernador tacneño llegó a ofrecerles que formen un asentamiento humano, poniendo en riesgo los Tratados con Chile sobre Arica de 1929.

Desde Lima apenas se ha enviado un contingente de 200 policías tan mal apertrechados que dan lástima por contraste con los carabineros chilenos, quienes cuentan con todos los recursos para hacer su trabajo.

En cuanto al problema de fondo se anuncian cambios normativos que bien pudieron solucionarse con la declaración de emergencia fronteriza y un decreto de urgencia. Se pretende hacer una reforma integral del sistema migratorio, mientras los miles de varados amenazan con una arremetida hacia nuestro territorio aunque implique derramamiento de sangre. En ese contexto no hay reclamaciones enérgicas al gobierno de Santiago para que se haga cargo del problema y se están aceptando humillantes presiones del ACNUR a fin de que el Perú se haga cargo del lío, pese a que en nuestro territorio ya hay casi dos millones de venezolanos.

El gobierno también está pifiando con la inseguridad ciudadana. Se ha armado una discusión inútil sobre si al serenazgo se le debe permitir el uso de armas no letales y si los militares deben apoyar en la lucha contra la delincuencia común. Lo único concreto es que se va a poner más agentes en las calles; pero no se le devuelve estabilidad institucional a una Policía Nacional corrompida por el régimen de Castillo; y no se reforma el nuevo código procesal penal que privilegia a los fiscales por encima de los policías en la investigación y el procesamiento. Mientras tanto el Perú ocupa uno de los lugares más altos de inseguridad y criminalidad de Latinoamérica.

Otro tema grave es la torpeza con la que reacciona el gobierno frente a los desastres naturales en el norte del país tras el impacto del ciclón Yacu. Con justa razón las protestas de Piura y Tumbes se radicalizan. Nada se ha mejorado en el esquema de la criminal Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y no hay planes concretos para afrontar el Fenómeno del Niño que comenzará en unos cuatro meses.

En cuanto a Puno, ya lo he denunciado varias, veces, pese a la declaratoria de emergencia, Sendero sigue controlando políticamente a la población civil, mientras policías y militares están recluidos en sus cuarteles con tanta impotencia que ni siquiera han podido izar el pabellón nacional en Desaguadero por segunda semana consecutiva. El gobierno está permitiendo que avance el narco socialismo boliviano y que el territorio nacional se desmiembre.

En fin, aunque la oposición congresal se vea el ombligo sin reaccionar le advertimos a la precaria ocupante de palacio que habemos quienes sí la estamos observando y que tanta ineptitud pronto le pasará la factura.

(*) Analista político

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