En estos momentos de caída del impresentable gobierno de Pedro Castillo, y ante el muy posible adelanto de elecciones generales para abril de 2024, se torna trascendental las reformas políticas que faltan hacer en el Congreso con el apoyo del ejecutivo de Dina Boluarte. De poco habrá servido el esfuerzo de la sociedad civil en su conjunto que luchó para librarnos del gobierno comunista, torpe y corrupto de Castillo, para luego presentarnos a dichos comicios sin las reformas institucionales que son necesarísimas. El retorno del Senado es la madre de todas las reformas políticas.
Es bien sabido que desde que el fujimorismo eliminó la bicameralidad, el parlamento se ha venido a menos en estos últimos 30 años con poca calidad de las leyes, dado que no existe revisión de los proyectos de ley que son aprobados en tiempo récord, o según el vaivén de los gobiernos de turno que cuentan con parlamentarios áulicos, presionados o en algunos casos, lamentablemente, sobornados.
Las estadísticas señalan que la tercera parte de las leyes que son aprobadas por el poder legislativo son observadas o rechazadas por el ejecutivo o en muchos casos declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, fenómeno que no sucede cuando existe una cámara alta (el senado) que se encarga de revisar o mejorar la calidad de las leyes que por impulso son aprobadas en la cámara de diputados. Necesitamos dos cámaras, una de Diputados que es la instancia política de visión más regional, y otra de Senadores, más académica y revisora que tenga visión de estado, mirada nacional. El tema de la subrepresentación parlamentaria es otro gran problema, pues estamos en la cola de Sudamérica. El factor institucional no puede ser considerado un gasto, sino una inversión.
Otra reforma importante es volver a la reelección inmediata y permanente de los congresistas. Esta absurda reforma de prohibir la reelección congresal inmediata fue hecha por el inefable Martín Vizcarra para librarse de sus adversarios políticos, lo que generó un Congreso inexperto y nobel, y lo que es peor aún, la destrucción de la clase política. Asimismo, hay que reformar el artículo 117 de la Constitución que blinda al presidente de la República de una manera casi monárquica, en la que solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, o por impedir las elecciones generales o regionales, y por disolver el Congreso. No se habla nada de temas de corrupción presidencial o delictivo. Por tanto, es necesario llenar ese vacío constitucional. Si Pedro Castillo no se suicida políticamente de modo torpe (para felicidad de los peruanos) no hubiera podido ser destituido porque no existían los votos suficientes para la vacancia por permanente incapacidad moral.
Finalmente, tendrá que reformarse los plazos de inscripción de partidos y de filiación de ciudadanos a movimientos políticos para poder participar, porque dada la coyuntura del abrupto adelanto de elecciones, sino se abre la cancha dando plazo a dichas inscripciones de partidos y ciudadanos, éstos se verán impedidos de poder participar democráticamente en las elecciones generales de abril 2024. La pelota está en la cancha del Parlamento.
(*) Ex vicepresidente de la República
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
