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Lamas Puccio: “La prisión preventiva es un abuso”

Abogado penalista afirma que beneficia a personas con poder político y económico, pero no a las que no tienen medios económicos

POR: CÉSAR PICCIOTTI

El abogado penalista Luis Lamas Puccio manifiesta que la prisión preventiva en el Perú es un abuso, un problema histórico y un exceso por parte del sistema de justicia. En entrevista con nuestro canal digital La Noticia Multimedia, indicó que, por ejemplo, muchas personas están privadas de su libertad porque no tienen medios económicos, abogados ni vinculaciones políticas para poder defenderse.

Doctor Lamas, hay un uso y abuso del mecanismo de la prisión preventiva. ¿Usted tiene alguna explicación acerca de este fenómeno?

La prisión preventiva y su correspondiente abuso es un problema histórico en el Perú. No es de ahora. Siempre hubo un exceso por parte del sistema de justicia para recurrir a la reclusión. La evidencia más palpable es que un gran número de personas que están privadas de su libertad son aquellas que no tienen medios económicos, no tienen abogados, no tienen vinculaciones políticas para poder defenderse. Pero la sociedad y el poder en alguna medida tienen que justificar el sentido de la justicia con el encarcelamiento, porque el fenómeno de la inseguridad ciudadana ha dejado de ser un fenómeno delictivo y se ha convertido en fenómeno político.

¿Usted piensa que la prisión preventiva ha perdido la esencia de su origen?

La prisión preventiva adquiere una dimensión política en los últimos años por varias razones: la primera porque se trata de investigados por corrupción que tienen peso político, tienen peso económico y los medios de comunicación muchas veces son los brazos mediáticos de estos poderes económicos y de alguna manera absorben a la opinión pública para generar una discusión sobre la procedencia o improcedencia de la prisión preventiva.

En segundo lugar, a raíz justamente de esta dimensión política del fenómeno criminal de la corrupción, se modifica la ley de carácter procesal y se establece un máximo de hasta 36 meses a través del cual una persona puede estar privada de su libertad en términos preventivos; es decir, se desnaturaliza el sentido de la pena: de una medida provisional se convierte en una medida pragmática, donde una persona puede estar encarcelada durante tres años.

En esta desnaturalización de este mecanismo, ¿qué rol cumple el Poder Judicial?

Depende mucho a quien se le aplica este tipo de medidas porque la modificación y la ampliación del plazo de hasta 36 meses tiene mucho que ver con el rol que cumple el Ministerio Público. El Ministerio Público indaga, investiga y acusa; es decir, el Poder Judicial se mantiene distante de estas iniciativas como son las solicitudes de prisión preventiva. Entonces, si vemos sistemáticamente el fenómeno, vamos a darnos cuenta de cómo el sistema legal ha sido modificado justamente para convertirlo en una herramienta política de persecución, y de esta manera favorecer a determinados sectores económicos poderosos, para favorecer a políticos o exmandatarios vinculados con el tema de la corrupción y evidentemente para tratar de equiparar imaginariamente esta situación.

Es decir, ¿la ley al favor del más poderoso?

El problema del Perú no es la corrupción, el problema del Perú es la impunidad. Y esta impunidad se presta evidentemente a una manipulación. El caso de haber modificado la ley de colaboración eficaz para incorporar a las empresas vinculadas a corrupción es desnaturalizar el sentido propio de la colaboración eficaz. La ampliación de la prisión preventiva hasta 36 meses es una herramienta de intimidación, porque evidentemente esto desnaturaliza el sentido de la pena; es decir, una medida provisional se vuelve una medida definitiva. Además, tomando en cuenta las situaciones tan deplorables en las que se encuentra el sistema carcelario en nuestro país, esto es muy preocupante.

O sea, lo más angosto para los pobres y lo más ancho para los poderosos…

Esto ya es un fenómeno de política criminal que marca una ruta dependiendo de los intereses económicos, empresariales, partidarios y políticos. Para unos hay prisión preventiva, para otros, comparecencia restringida y para otros hay arresto domiciliario como si nunca hubiera pasado nada, cuando en términos cuantitativos el fenómeno de la corrupción política y económica sobrepasan en toda perspectiva los daños económicos generados al Perú. Resulta curioso ver día a día en la televisión la lucha contra la delincuencia callejera –para mantenernos absortos y atemorizados– mientras los verdaderos criminales que han saqueado el erario nacional, o están en comparecencia, restricciones u otras facilidades de este tipo. Esto lo único que hace es poner en duda el sistema de justicia poco creíble y bastante extraño que tenemos en el país.

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