La seguridad jurídica
La seguridad jurídica es un fin consustancial al Estado Constitucional de Derecho, ya que auspicia la consolidación del normal desenvolvimiento de la sociedad y particularmente al libre desarrollo de los ciudadanos.
Su existencia acreditada codyuva a confrontar a la arbitrariedad administrativa, judicial y política. Refuerza y complementa el goce de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Plantea la predictibilidad de los actos y la efectividad de los mecanismos de defensa ante el abuso, la prepotencia y la discrecionalidad al margen de la ley.
Ella señala el compromiso del Estado de una actuación gubernamental o ciudadana con sujeción a los principios de constitucionalidad y legalidad; así como de protección, reparación o resarcimiento frente a actos contrarios al ordenamiento jurídico.
El problema que los peruanos afrontamos es que la seguridad requiere de un lado, de normas jurídicas vigentes, validas y eficaces. Los órganos productores de normas son una fuente permanente de lesividad a dicho fin.
Asimismo, de otro lado, necesita de un conjunto de organismos y una pléyade de funcionarios públicos que, con su eficiencia, eficacia, moralidad y apego a la legalidad generan una suerte de intima confianza en favor de la ciudadanía.
En ese contexto, es evidente que estamos en el desamparo absoluto. Carecemos de una fidelidad institucional acerca de la seguridad que deben ofrecer per se las normas; y peor aún, en cuanto a los operadores jurisdiccionales y administrativos.
Ciertamente esto no tiene un carácter general, pero es altamente presente en nuestra sociedad.
Si queremos un mejor país, requerimos de mejores legisladores y aplicadores del derecho. No es un mal del cual debamos compadecernos, sino de algo en que estemos dispuestos a arrancarlo de raíz. Es la próxima batalla de Ayacucho que debemos emprender.
*Expresidente del Tribunal Constitucional
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
