La Procuraduría General del Estado celebrará el III Encuentro Regional de Procuradores y Abogados de Procuradurías Públicas del país
María Aurora Caruajulca Quispe, procuradora general del Estado, inaugurará la presentación académica con la asistencia de procuradores regionales, provinciales y distritales
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La ciudad de Arequipa será sede del III ENCUENTRO REGIONAL DE PROCURADORES Y ABOGADOS DE PROCURADURÍAS PÚBLICAS con la asistencia de más de un centenar de procuradores de 7 regiones, 28 provincias y 63 distritos, orientadas al perfeccionamiento y actualización de las capacidades y competencias de los operadores del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (SADJE).
La Procuradora General del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, enfatizó que la actividad académica pretende consolidar la capacidad y el conocimiento sobre los servicios que presta cada una de las direcciones de la Procuraduría General del Estado (PGE), así como ofrecer jornadas de capacitación en temas priorizados por las procuradurías convocadas.
En el Plan Anual de Actividades (PAA) 2024, del centro de formación y capacitación, se consigna la celebración de encuentros regionales cuyos objetivos específicos son facilitar el intercambio de experiencias a nivel nacional de los diferentes procuradores y operadores del SADJE, lo cual, permite fortalecer la institucionalidad de la PGE y poner en conocimiento de los procuradores públicos— los servicios de apoyo técnico que se ofrecen desde la sede central y generar el desarrollo de sus funciones.
El ENCUENTRO REGIONAL DE PROCURADORES Y ABOGADOS DE PROCURADURÍAS PÚBLICAS, se llevará a cabo el miércoles 5 y el jueves 6 de junio en la ciudad de Arequipa, con la participación de las procuradurías de las regiones de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. Así como de los procuradores y abogados de las procuradurías provinciales y municipales de las regiones antes mencionadas.
Esta actividad académica responde a las funciones de la PGE, principalmente, la de velar por el eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado, aplicando los mecanismos que sean necesarios y dentro del ámbito de sus competencias. Asimismo, desarrollar acciones que promuevan la capacitación y la especialización de los operadores del sistema.