Mientras el país se distrae con escándalos políticos, el sistema de salud pública se desmorona en silencio. Más del 50 % de los establecimientos del primer nivel de atención carecen de agua potable, desagüe o infraestructura segura. Las postas médicas, que deberían atender a las comunidades más vulnerables, están literalmente cayéndose a pedazos.
La situación es crítica: hospitales emblemáticos como el Dos de Mayo o el Loayza operan con equipos obsoletos y sin personal suficiente. Se estima un déficit de más de 18 mil médicos y 30 mil enfermeros a nivel nacional. En regiones como Puno, Huancavelica o Loreto no hay oncólogos, psiquiatras ni neurólogos. El acceso a salud especializada se ha convertido en un privilegio.
El abastecimiento de medicinas esenciales es otro drama cotidiano. Más del 40 % de los centros de salud públicos no cuentan con antibióticos, anticonvulsivos ni insulina. La corrupción en las compras estatales y la descoordinación entre niveles de gobierno agravan esta emergencia.
Todo esto ocurre en un país que apenas destina el 3.2 % de su PBI a la salud pública, uno de los niveles más bajos de América Latina. Y mientras los hospitales se caen, siguen paralizadas obras multimillonarias como los hospitales de Piura, Cusco y Puno.
Esta es una crisis silenciosa pero letal. Miles de peruanos mueren cada año por enfermedades evitables o tratables, simplemente porque no hay un médico, una ambulancia o una pastilla a tiempo. La salud no puede seguir siendo la última prioridad.
Urge una reforma integral: con voluntad política, transparencia en las compras, inversión en personal y atención prioritaria a las regiones más olvidadas. Hablar de justicia social sin garantizar el derecho a la salud es una farsa.
Por eso, la salud constituye un rango fundamental del plan de gobierno “Mano de Hierro” de Perú Acción.
(*) Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
