
La Constitución claramente señala que cada ministro se encuentra encargado de la dirección y gestión de los servicios públicos que competen al portafolio a su cargo.
En esa misma línea, La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que son los responsables de la conducción de un organismo de dicho órgano estadual.
En consecuencia, tiene la responsabilidad de guiar los aspectos vinculados con la planificación, organización, coordinación, dirección, y control de los asuntos referidos a su sector. Por ende, asume las cargas, compromisos y las consecuencias políticas derivadas de dichas tareas.
La responsabilidad política implica asumir los efectos y desenlaces de los actos por acción u omisión personal, así como los realizados por los funcionarios y servidores bajo su mando; los mismos que han causado un grave daño a los bienes, valores o principios del Estado o al interés público.
En ese escenario, los ministros asumen ad integrum los resultados y las implicancias políticas surgidas por un inadecuado o ilegal ejercicio de la función pública.
Dicha responsabilidad es distinta la de carácter jurídico; la cual que puede ser administrativa o penal.
Su distinción radica en que, ante el serio daño o entuerto causado, surge, de un lado, la obligación de reconocer el estropicio generado; y, del otro, el rectificar las decisiones, controles etc., que permitieron el desaguisado. Empero, a veces, el único acto asumible es la renuncia inmediata al cargo.
Esta guarda relación con la magnitud de hecho develado y el deterioro de la confianza ciudadana. Cuando esta se pierde, el camino que se debe recorrer es la vuelta a casa.
En los países con sistemas de partidos sólidos, la renuncia se asume para aliviar los costos políticos que ello genera sobre la organización política que lo cobija.
En el caso de los independientes la renuncia se asume para atenuar la carga negativa que afronta el gobierno a quien por designación representa.
En el plano personal se hace imperativa por un acto de decoro, dignidad y sentimiento de auto estima. Esta última es expresión intrínseca de honestidad para consigo mismo y los demás.
Al parecer en nuestro país, se ha perdido- ojalá solo en este gobierno- la manifestación moral de reconocer que con o sin culpa personal, hay que pagar el precio del descredito y el daño causado por una acción de gobierno.
Hoy, la responsabilidad política de los ministros desfallece por la cómplice defección del control parlamentario; la adicción al fajín, al carro con circulina y la parafernalia de las ceremonias públicas.
Las “ostentosas baratijas” del cargo, se imponen sobre las consecuencias de algo que es ciudadanamente inaceptable. Es la sumisión a la chafalonía a la que algunos ministros algunos se aferran. Estos parecen desconocer el viejo consejo de Pierre Corneille: “Asume las consecuencias que te corresponden, para ponerle algo de dignidad a los desatinos.”
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional.
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados