El no adelanto de las elecciones generales después de los asesinatos ocurridos durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023 está “pasando factura”: El actual Congreso de la República al parecer va con todo y no cree en la recesión económica al haber aumentado su presupuesto anual y al darse cuantiosas sumas de dinero excepcionales en los últimos meses por “trabajo parlamentario”, amén de los montos de dinero que se dan en diciembre, como el concepto de “tarjeta de aguinaldo” en diciembre, al punto que los legisladores recibirían este mes más de 43,000 soles en total.
En ese “sentimiento de impunidad” el Pleno del Congreso se reúne el 13, 14 y 15 de diciembre del presente año con el fin de tratar diversos dictámenes de proyectos de ley y mociones de orden del día priorizados en la Junta de Portavoces.
Y precisamente, entre tales mociones, se encuentra la que solicita al Pleno del Congreso, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 157 de la Constitución, remover de forma inmediata a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Tal solicitud se refiere a la presunta “flagrante comisión de actos contrarios a la ley, consistentes en haber suspendido temporalmente en sus funciones de la fiscal de la Nación y presidente de la Junta de Fiscales Supremos, Patricia Benavides”.
Lo grave de tal moción es que la ex fiscal de la Nación ha sido suspendida en sus funciones debido a la detención preliminar de sus principales asesores que coordinaban con determinados congresistas de la República para verse beneficiados con archivos de sus investigaciones fiscales a cambio de votos congresales que beneficiaban a la ex fiscal de la Nación.
Lo grave de tal moción es que el tráfico de influencias implicaría a numerosos congresistas de la República, pues habría sido ejercido para influir en los votos de éstos, para promover la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la designación del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Y ahora un sector del actual Congreso pretende tapar el Sol con un dedo, buscando una remoción absolutamente ilegal e inconstitucional de los miembros de la JNJ, cuando habría congresistas en funciones que estarían implicados en tal tráfico de influencias.
No cabe duda que se trata de una lucha por la democracia y la justicia.
(*) Analista politico
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