En términos políticos, existe necesariamente una pregunta anterior a las leyes, a los tribunales e incluso a las elecciones: ¿para qué se gobierna?
Esta pregunta implica que la razón del ejercicio del poder configura la ley; la ley no produce el poder, es el poder quien genera la ley. Así, Santo Tomás de Aquino, sabio patriarca de la Iglesia desde hace ocho siglos, plantea directamente: se gobierna para procurar el bien común.
Su pensamiento surge en la Europa del siglo XIII, cuando se recupera el pensamiento aristotélico que orientaba al mundo cristiano a repensar la relación entre fe, razón, autoridad y comunidad política. Santo Tomás entendió que gobernar no consistía simplemente en “ejercer poder”; el poder tenía una finalidad y, por tanto, podía ser juzgado por sus resultados: la autoridad que procura el bien común “gobierna”; y la que convierte el poder en beneficio particular resulta una tiranía.
Santo Tomás de Aquino sostiene que la justicia ordena las acciones hacia el bien común y precisa que, en el gobernante, esta función existe de manera principal, casi “arquitectónica”. La justicia, entonces, es el resultado de lo que una sociedad recibe —o deja de recibir— como consecuencia del ejercicio del poder; la justicia, entonces, y como principio político, tiene por objeto ordenar la comunidad hacia el bien común; y esa responsabilidad corresponde a quien gobierna.
Esta idea de principio político merece ser recuperada en el Perú.
Nuestro debate público está dominado por confundir gobierno con administración, autoridad con coerción, resultados con estadísticas y justicia con sentencias; celebramos presupuesto ejecutado, operativos realizados, detenidos, kilómetros inaugurados o normas promulgadas, pero no está en el debate ni en la discusión política: ¿qué situación humana cambió como consecuencia de la acción del poder del Estado?
Hoy, la seguridad de los peruanos constituye una enorme preocupación y expectativa de atención y resultados cuando el nuevo gobierno coloca la lucha contra el crimen organizado como prioridad y anuncia cárceles de alta seguridad, fortalecimiento de la inteligencia y mayor participación de las FF.AA., obligándonos a reflexionar sobre si la solución consiste únicamente en cuánto poder se está dispuesto a ejercer por el Estado, o si también debemos discutir qué realidad se consigue producir con ese poder.
Un Estado puede desplegar policías sin producir seguridad; gastar sin producir bienestar; legislar sin producir orden y castigar sin producir justicia; y allí encontramos la actualidad de Santo Tomás: si la justicia es el resultado del poder que ordena a la sociedad hacia el bien común y esa tarea corresponde principalmente al gobernante, la justicia se convierte en una medida del resultado político del ejercicio del poder, y la justicia constituye la razón del poder.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI)
