
Se postula que el fin del proceso penal es la búsqueda de la verdad y, a la vez, la realización de la justicia; esto es, la emisión de una sentencia judicial de condena, siempre que se haya acreditado plenamente tanto la materialidad del delito como la responsabilidad penal del imputado.
Si no se alcanza dicho estándar probatorio de firmeza incriminatoria, se tendrá que absolver al imputado en mérito de la no destrucción del principio constitucional de presunción de inocencia, así como de un estado de indubitación probatoria (in dubio pro reo).
Empero, para poder llegar a dicho estadio procesal, es necesario pasar por una diligente y exhaustiva investigación fiscal, cuya finalidad es determinar si los hechos investigados constituyen o no delito, poner a buen recaudo la evidencia (cadena de custodia), identificar o individualizar a sus perpetradores (autores y partícipes) y decidir si se formaliza o no la Investigación Preparatoria (sospecha reveladora de criminalidad).
A mi entender, la investigación es la fase medular del proceso penal, al constituirse en los cimientos sobre los cuales se alza todo el edificio del sistema de justicia penal, por lo que no toda investigación que se inicia en sede fiscal llegará a un juzgamiento, por una serie de supuestos y circunstancias procesales.
Llevada dicha finalidad a la práctica forense, advertimos que no en pocas ocasiones se formalizan procesos penales sobre hechos que no constituyen delito. Con ello se erosionan los principios de legalidad y de reserva procesal penal y, por tanto, las bases de un modelo procesal acusatorio garantista, más afín a un modelo inquisitivo.
Y ello en el marco de investigaciones por lavado de activos, donde ciertos casos fueron sobreseídos por la justicia constitucional en mérito de un estricto control de legalidad material y, vaya pues, algunas persecuciones penales fueron politizadas (direccionadas a ciertos actores políticos), vulnerándose con ello las garantías esenciales de la justicia penal en un Estado de derecho.
En síntesis, una investigación penal en el Estado de derecho implica respetar los principios de objetividad y legalidad, por lo que el investigador debe centrar su foco de atención en los hechos y no en las personas.
Por lo tanto, solo han de perseguirse los casos reveladores de delictuosidad, y no cualesquiera, pues para ello están las otras instancias de la juridicidad, y menos por motivaciones políticas, pues esto último lo que hace es desvirtuar la institucionalidad del sistema de justicia penal en un orden democrático de derecho y condenar al desprestigio a sus instituciones.
La justicia no es venganza ni tampoco reacciones mecánicas formalistas de la ley, sino el uso racional y arbitrado del derecho, para lo cual la ciencia es la herramienta predilecta de aquellos operadores jurídicos realmente comprometidos con los valores del Estado de derecho.
Precisamente, nuestros artículos son estrictamente académicos, despojados de todo atisbo político, siempre en una perspectiva constructivista del sistema jurídico.
*Fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas de Extinción de Dominio. Doctor en Derecho, Magíster en Ciencias Penales por la UNMSM. Docente universitario
