Estamos viviendo, qué duda cabe, un fenómeno de violencia sin par; pero, como todo hecho social, hay que examinarlo con lentes diferentes a los que siempre usamos, justamente para no seguir haciendo siempre más de lo mismo frente a una realidad social compleja, difícil y, sobre todo, grave, que se complica por el bajo nivel de compromiso gubernamental de nuestros mandatarios de hoy, cuyo desconocimiento y falta de experticia en esta problemática de la inseguridad es alarmante y que, lamentablemente, sufrimos, aunque debemos reconocer que no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo.
Nuestro país, así como algunas naciones de la región, se han convertido en la “perita dulce” que hay que comerse; y no han encontrado mejor manera de hacerlo que a través de la generación del caos social, cultural, político, económico, etc. El instrumento que están utilizando son las corrientes ideológicas plasmadas en el socialismo, antesala del comunismo, que tiene en el continente americano como referentes los postulados del Foro de Sao Paulo (1990), el Grupo de Puebla (2019), la Agenda 2030 (2015), etc., fenómeno trasnochado que ha fracasado en otras partes del mundo por su inaplicación y negativos resultados.
Y como si fuera poco, encuentran a Perú como destinatario de los antojos políticos gestados desde el exterior, mediante fórmulas que han venido pasando inadvertidas y que se han dado en el tiempo por la crónica indiferencia y el irresponsable desconocimiento de todos nosotros, que no hemos advertido que este caos que vivimos no son tan solo actos delictivos traducidos en robos, asesinatos, sicariatos, extorsiones, etc., ejercidos con inusitada violencia, sino que lleva un componente que los engarza, y es que lo que se trata es destruir la sociedad peruana e imponer el socialismo. Esto se va a seguir agravando y puede hasta hacernos desaparecer como nación. Para ello, solamente se necesita mantener el statu quo que sufrimos y que se produce por lo siguiente:
No reconocer que este binomio jurídico llamado “Seguridad Ciudadana”, cuya data es nueva en la legislación nacional —aparece recién en la Constitución Política de Perú de 1993—, tiene en su exposición de motivos que obra en el Congreso de la República un texto que es pobrísimo, confuso, difuso, invasivo funcionalmente e ininteligible jurídicamente, y eso no es casualidad.
Que, tratándose de una palabreja importada y nueva que ha sido insertada constitucionalmente, no obstante las argumentaciones descritas en el acápite anterior, y al aludirse a la seguridad de todos los peruanos, ha sido de manera forzada incluida en la Constitución y no en el capítulo XII (De la Seguridad y Defensa Nacional), que es lo que correspondería, sino que lo han acuñado en el capítulo XIV (De la Descentralización, las Regiones y las Municipalidades).
Estamos frente a una censura del actual ministro del Interior —que, independientemente de las circunstancias y peculiaridades que vemos con estupor y no le favorecen—, vemos que, en términos reales que son fácticos y jurídicos, se le hace responsable de una tarea que, con el nombre de Seguridad Ciudadana, no le corresponde. Se esgrime políticamente como tabla de salvación que la solución es la destitución del ministro del Interior y designación de un nuevo personaje como titular de este complicado sector del Interior, donde la preocupación es que resulte: “el remedio sea peor que la enfermedad”.
(*) Presidente de APROSEC.
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