La histórica Declaración de Derechos de 1689 le permitió a Inglaterra forjar un parlamento autónomo, independiente y libre de las acechanzas contra la representación congresal. Este como expresión de plurales intereses colectivos canalizados por los partidos políticos, contó con las prerrogativas de la inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad, como salvaguardas al imprescindible control político. La inmunidad tiene un sentido y una razón de ser; pero necesita que el Parlamento exista sobre la base de un cabal sistema de partidos políticos y una representación ciudadana a través de estos, para que la inmunidad sirva para los fines para los cuales fue creada.
Lamentablemente, en nuestro país, los partidos han sufrido los embates de las dictaduras recientes (las declaradas y las implícitas) y la captura por los ávidos del poder por el poder. Nuestras organizaciones en gran medida carecen hoy de ideologías orientadoras de su actuación; así como militancias consecuentes con su predica.
Asimismo, por falta de control interno o por la venta de postulaciones vienen presentando a la ciudanía, candidaturas reñidas con la moral social. La historia de vida o el testimonio de actuación política ya no existe; solo queda constatar por nuestro descuido, el prontuario y la larga lista tropelías en el seno de la sociedad civil.
Los grupos de poder informal y la avidez personal por los actos de rapiña han generado la toma de parte del Congreso, a través de bandas inorgánicas como los “niños” y los “mocha sueldos”. Mas aun, con similar descaro han aparecido aquellos que con el alias del “come pollo”, el “roba cable y el “plancha camisas” entre otros, han desnaturalizado la idea de la representación.
El Parlamento de hoy, en parte no expresa intereses generales; sino que cobija contra natura a gestores de su propio beneficio. En ese contexto la inmunidad no protege la pugnacidad política y la fiscalización a nombre del pueblo, sino que sirve de valladar para los proclives a la corrupción. Han existido y existirán respetables ciudadanos que, en nuestro nombre, han ejercido en tiempos recientes y seguro lo harán en los venideros , de manera honesta y consecuente la representación parlamentaria.
Aspiramos que las actuales muestras de dignidad congresal se puedan acrecentar en el futuro; y que con con ellos se pueda recuperar para el congreso, su majestad moral; empero por ahora, es mejor no darles a los advenedizos de la política, el pasaporte a la impunidad. Que los partidos (los verdaderos) hagan su tarea; que las organizaciones de compra y venta de curules, reclutadores de la carroña social desparezcan. En ese contexto, conseguido el objetivo de liberarnos de esta nueva plaga: bienvenida la inmunidad.
Que los ciudadanos ejerzan responsable y conscientemente la opción del voto preferencial, para que puedan darse una representación integra y cabal.
Cabe advertir que esta discusión sobre la reposición o no reposición de esta prerrogativa parlamentaria, no debe permitir que nos descuidemos de la necesidad de forjar una reforma del Ministerio Público; otrora garante de la legalidad.
Es cierto que parte de la representación parlamentaria ha manchado el institutito de la inmunidad; pero es cierto también que la “toma” del Ministerio Público por parte de gestores de la política extra partidos, se cierne contra aquellos que con lealtad a los valores de la Constitución se enfrentan a otras formas actuación perversa, en el seno de nuestra sociedad política.
Por ende, por ahora debemos decir no a la inmunidad; e inmediata reforma del Ministerio Publico. Ambas consideraciones están atadas para alcanzar un Parlamento digno, con representantes libres de la persecución política gestada desde por los que nunca han podido atraer el voto ciudadano y que utilizan los resortes de la justicia para sus propios fines.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional.
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