La semana pasada hemos sido testigos de cómo la fiscal Zoraida Ávalos se ha lavado las manos: debería llamarse Poncio Pilatos al negarse a investigar al presidente Castillo hasta que este deje Palacio de Gobierno. Pero esta lavada de manos no viene con la pandemia, sino de mucho antes, pues recordemos que también lo hizo privándose de acusar e investigar a personajes de gobiernos anteriores como los señores Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, como sí lo hizo con los señores Merino, Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez. El hecho de abrir una investigación y luego cerrarla es una gran torpeza y es una decisión que afecta al Ministerio Público y también a la gobernabilidad del país pues se está demostrando que las instituciones no funcionan y que las personas que dirigen esas instituciones autónomas e independientes como lo es el Ministerio Público, no funcionan frente al poder de turno. Estamos frente a un hecho fatal porque, además, falta mucho tiempo para que termine el mandato de Pedro Castillo y en ese lapso muchas cosas pueden desaparecer, otras prescribir o, inclusive, los cómplices y testigos involucrados en el proceso podrían fallecer o perder la razón. Por todos estos motivos no se puede esperar casi cinco años para iniciar una investigación, eso es prácticamente declarar inocentes a los posibles investigados.
Por otro lado, estamos frente a la posible remoción del cargo del Procurador, Daniel Soria, situación que, lamentablemente, casi siempre ocurre en el Perú: mientras se esté con el Gobierno, nadie dice nada, pero apenas empieza a atacar al Gobierno o se pretende investigarlo, rápidamente los ayayeros empiezan a atacar y a pretender neutralizarlo y hasta sacarlo. El señor Soria fue mal nombrado a dedo por el señor Vizcarra y, además, hizo un trabajo desastroso al mando de la procuraduría al entregarle todo a Odebrecht y los clubes de la corrupción sin apelar nada y aprobando convenios, pagos, ventas, etcétera. Todo eso lo ha permitido Soria y los señores Carrión y Ramírez que trabajaban en esa época en la Contraloría. Hubo acuerdos de colaboración eficaz que no han rendido nada y que le han significado un ahorro de más de 4 mil millones de soles a Odebrecht, eso sin contar que nunca nos enteramos de todos los codinomes que siguen apareciendo. El Perú le sigue pagando todas sus ganancias y utilidades a Odebrecht y les cuidamos los tubos que son propiedad de ellos, gastando 172 millones de soles en protegerlos. Todos esos contratos corruptos con Odebrecht fueron avalados por el señor Daniel Soria y, repito, fue elegido a dedo sin pasar por un concurso público y puesto en el cargo por ser amigo de los caviares y vizcarristas.
Ahora que ha pasado el tiempo y que ya no están Vizcarra ni Sagasti, pero sí Castillo, y aparecen casos de corrupción notorios, el señor Soria despierta de su letargo y decide acusar, pero la gente en el poder promueve su destitución. Esta es la mejor prueba de que en el Perú la ley no se aplica para los amigos y solo funciona para los enemigos del régimen.
(*) Excongresista de la República
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