Afirmamos que el juicio contra la exalcaldesa de Lima y sus cómplices no debiera centrarse en los aportes pecuniarios para contrarrestar la campaña que buscaba revocar su mandato. Insistir en ello oculta lo fundamental de los actos delictivos. No por gusto es la actual línea de defensa villaranista. Y no es casual que concuerde con los medios caviares interesados en minimizar los hechos, incluso con la propia hipótesis fiscal.
De prosperar esa tesis, el crimen de los “chalinas verdes” sería análogo al caso cócteles y otros similares. Un asunto de financiamiento electoral, con algunas irregularidades, pero jamás delito porque no estaba tipificado en ley penal alguna. Por ello, la acusada Villarán se vanagloria: “Lo hicimos para defender a la ciudad de la derecha política”. Un cinismo mayúsculo que expone la bajeza moral de ella y sus adláteres, de los hasta ayer autoproclamados campeones de la ética pública.
En verdad, la revocatoria fue la coartada para la comisión de la más grande estafa contra la ciudad de Lima. Y su financiamiento, el cupo que pagaron las empresas brasileñas por los beneficios corruptos obtenidos. Las circunstancias: una gestión edilicia penosa y sin rumbo, un rechazo masivo del vecindario que se canalizó a través del procedimiento de revocatoria del mandato. Esta avanzaba con velocidad pasmosa, recabando firmas a granel. Era inminente el final del falaz ensayo villaranista. Por lo tanto, con el agua al cuello, arriba la propuesta salvadora de la mafia brasileña (empresas, Partido de los Trabajadores, embajada y gobiernos de Lula y Rousseff). A cambio de sostenerla en el cargo, la señora hacía entrega de la Municipalidad Metropolitana para sus negocios voraces. La tía Susana terminó vendiendo su alma al diablo.
Los ingresos por los peajes en las carreteras que surcaban la capital eran la fuente financiera más importante del gobierno local. Y mediante dos contratos onerosos y lesivos, Nuevas Rutas de Lima y Línea Amarilla, se apropiaron de estos recursos. El primero, una iniciativa de Odebrecht rechazada por Luis Castañeda, le daba el mantenimiento de la Panamericana Norte y Sur, más la ejecución de ciertas obras complementarias por 30 años (algunas no ejecutadas, como la continuación de la Ramiro Prialé). El segundo fue la modificación ilegal del contrato celebrado entre OAS y la anterior administración, según la ley de concesiones. El mismo quedó totalmente desnaturalizado: se eliminó el corredor segregado para el transporte público sobre la vía de Evitamiento, se adelantó el pago del peaje en lugar del 75 % de la obra y se incrementó el plazo de concesión a 40 años.
Villarán y los suyos debieran responder por la colusión con estas firmas brasileñas. Y si los delitos imputados se acreditan con una sentencia condenatoria, los contratos de peajes tendrán que anularse inexorablemente.
(*) Abogado constitucionalista.
