Justicia ambiental: Poder Judicial plantea 10 compromisos hacia 2030
Desde el Vaticano, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, presentó una agenda judicial ambiental y climática orientada a fortalecer la protección de los ecosistemas, el agua y los derechos de las poblaciones vulnerables
La presidenta del Poder Judicial del Perú, Janet Tello Gilardi, planteó una agenda judicial ambiental y climática con horizonte al 2030, durante el foro “Jueces, litigancia climática y derechos humanos”, realizado en la Ciudad del Vaticano.
La propuesta busca fortalecer la respuesta de la justicia frente a la degradación ambiental y los efectos del cambio climático, con especial atención a los ecosistemas, los territorios, el agua y las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Cuatro líneas de acción hacia 2030
Tello Gilardi presentó cuatro líneas de trabajo: fortalecer las capacidades de juezas y jueces; mejorar la gestión judicial mediante procesos más eficientes y accesibles con enfoque de derechos; impulsar una justicia territorial e intercultural; y fortalecer la cooperación y el intercambio entre sistemas judiciales.
La magistrada también anunció la actualización del Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en el Perú, documento entregado al papa Francisco durante su visita al país en 2018.
La nueva versión incorpora desafíos como las actividades ilícitas que afectan ecosistemas y territorios, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua, la deforestación, las amenazas contra defensores ambientales, la trata de personas y los efectos del cambio climático.
Los 10 compromisos de justicia ambiental
El documento actualizado establece diez compromisos:
- Garantizar el acceso a la justicia ambiental.
- Fortalecer la especialización, oportunidad e interculturalidad de la justicia ambiental.
- Prevenir y responder frente a delitos ambientales y actividades ilícitas.
- Proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente.
- Proteger a los pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad.
- Promover el cuidado de los ecosistemas, la biodiversidad y el agua.
- Incorporar progresivamente una perspectiva de justicia climática y resiliencia.
- Fortalecer la transparencia y la participación.
- Procurar el cumplimiento efectivo de las decisiones de reparación y restauración.
- Generar conocimiento, cooperación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Tello Gilardi sostuvo que estos compromisos deben traducirse en resultados concretos y destacó decisiones judiciales que, según señaló, han incorporado estándares internacionales de protección ambiental y derechos humanos.
Casos emblemáticos
Entre los casos mencionados, destacó la decisión relacionada con la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, en la que se restringió la pesca a gran escala y se priorizó la pesca artesanal y de subsistencia en zonas de uso directo.
También resaltó las decisiones sobre la titulación de territorios ancestrales indígenas en las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza y Marañón, así como el caso Saweto, relacionado con el asesinato de cuatro líderes asháninkas.
Asimismo, mencionó la sentencia que reconoció al río Marañón y sus afluentes como titulares de derechos vinculados con su protección, regeneración y restauración, además del reconocimiento del rol de guardianas de mujeres indígenas kukama junto al Estado.
Otros ejemplos citados fueron las medidas adoptadas para la recuperación ambiental de la laguna de Yarinacocha y una experiencia de justicia restaurativa en Alto Catacha, Puno, donde personas sentenciadas por delitos menores participaron en la siembra de cerca de 2,000 queñuas en cabeceras de cuenca.
Finalmente, la presidenta del Poder Judicial destacó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y promover criterios judiciales comunes frente a los desafíos ambientales y climáticos.
“Ratificamos nuestro compromiso con una justicia ambiental garantista”, señaló Tello Gilardi, al proyectar la agenda del Poder Judicial hacia 2030.
