Varias veces en esta columna y en otros espacios periodísticos señalé que, si fracasaba el Congreso en su pretensión de vacancia presidencial, sería el pueblo el que se levantaría para ponerle fin al gobierno de Pedro Castillo. Y en esas estamos.
La ola de protestas a nivel nacional está plenamente justificada por dos motivos precisos. Primero, la crisis económica arrecia; el precio de los combustibles, los fertilzantes y la canasta básica popular está en niveles estratosféricos. Las medidas gubernamentales para controlar eso hasta ahora son ineficientes y demagógicas. La rebaja del impuesto a la gasolina de 84 a 90 octanos se traduce en un decremento de apenas 1,50 soles, lo cual es insuficiente; la importación apresurada de abono desde Bolivia no alcanza para los productores; y el incremento del salario mínimo vital apenas palia a 3% de los trabajadores, obligando a las pequeñas empresas a cerrar o pasar a la informalidad. Son, pues, movimientos torpes de un estado cada vez más megalómano e incapaz de entrar en austeridad firme para compensar los menores ingresos de impuestos (que sí se pueden rebajar mucho más) con un recorte drástico de la administración pública.
Segundo, el pueblo protesta por la arrogancia de Castillo. No solo acusó a los dirigentes del reclamo nacional de “estar pagados”, sino que se ha burlado malvadamente del país. A partir de notas de Inteligencia falsas y mediante un decreto inconstitucional declaró un necia inamovilidad social que nadie ha respetado, con lo cual se ha perdido la autoridad frente a lo que deberían ser las medidas más drásticas de seguridad.
Después fue al Congreso y también se burló de los parlamentarios anunciando medidas que no puso en ejecución; y finalmente, con su anuencia, se han infiltrado miembros del G2 cubano y del movimiento terrorista ML19 tratando de contrabandear la propuesta de una Asamblea Constituyente que la nación repudia al igual que cualquier otro proyecto que nos conduzca a un modelo similar al de Cuba o Venezuela. Además, es evidente que están en curso maniobras extrañas como el incendio de las oficinas de investigación de lavado de activos de la Dirincri policial, y la fuga de los sobrinos corruptos del mandatario.
En las manifestaciones, hasta el martes de esta semana había ya 8 muertos y decenas de heridos. Solo la prensa de oposición ha hecho la denuncia, mientras que el gobierno desprecia a las víctimas y los sectores de izquierda ningunean la situación, a diferencia de lo que ocurrió con los dos muchachos caídos en las protestas de noviembre del 2020. Otra vez, el insoportable doble rasero de caviares, progres y rojos.
De momento estamos apenas en una tregua tensa. Hoy puede haber un estallido mayor, sobre todo en Junín, mientras el gobierno vacila en hacer un cambio de Gabinete, cuando la única solución real pasa porque se vaya Castillo, que renuncie la Boluarte (cómplice directa del desmadre en curso), que se mande a reposar al PCM de incontinente verborrea y que, eventualmente, se vayan todos los congresistas.
Hay un desencanto generalizado. El pueblo se equivocó en elegir a un incapazcomunista; el pueblo marchó varias veces advirtiendo que no quería un régimen que pusiera en riesgo la libertad; hoy el pueblo está mostrando su ira y exige un cambio inmediato. Y en esa línea los demócratas debemos apoyar todas las medidas que sean necesarias para deshacernos dentro de cauces pacíficos y democráticos de la banda criminal que ocupa el poder de la nación.
¡Todos vamos juntos hasta la victoria final!
(*) Abogado y analista político
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