Julio Velarde alerta que el incremento del gasto público deteriora las finanzas del país
El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, advirtió sobre la importancia de preservar la estabilidad fiscal del país, aunque señaló que el déficit estimado para el cierre de este año “no resulta alarmante”. Durante su exposición en el Encuentro Económico Regional realizado en Piura, el titular del BCRP informó que se proyecta un déficit de 2,4% para 2025, similar al nivel registrado hasta agosto y menor al de 2024. Sin embargo, remarcó que, considerando el contexto favorable de los precios internacionales de las exportaciones, se esperaba un resultado más positivo.
Velarde sostuvo que el país debería aprovechar los periodos de altos ingresos para generar ahorros que permitan enfrentar futuras caídas en los precios de las materias primas. En ese sentido, expresó su preocupación por la aprobación de diversas leyes que incrementan el gasto público. “El problema es la tendencia. Hay muchos proyectos que elevan el gasto y eso puede erosionar la solidez fiscal”, subrayó el economista.
Durante su intervención, también comentó que los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a los productos peruanos no han tenido un impacto significativo, debido a que otros competidores enfrentan gravámenes mayores. Asimismo, destacó que el Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,3% en el primer semestre y que se prevé un cierre de 3,2% en 2025. A esto se suma un aumento del 5,1% en el empleo formal durante los primeros siete meses del año, reflejando una recuperación sostenida de la actividad económica.
No obstante, el panorama fiscal enfrenta riesgos. Según el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Estado dejaría de recaudar unos S/26.350 millones en 2026 debido a beneficios e incentivos tributarios. La mayor parte de estos beneficios (76,8%) corresponde al IGV, por exoneraciones a productos agrícolas y operaciones en la Amazonía, mientras que un 16,6% está asociado al Impuesto a la Renta y un 4,7% al mecanismo de drawback. Este último, vigente desde hace tres décadas, continúa aplicándose sin una evaluación exhaustiva de su impacto real, lo que varios especialistas califican como un “privilegio innecesario”.
