Juez ordenó 5 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra
Determinó que existe peligro procesal y de fuga, así como comportamiento cuestionable
Al escuchar la decisión del juez, al expresidente Martín Vizcarra se le borró la sonrisa sarcástica que había mostrado cuando llegó a la audiencia en el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Cuando el magistrado Jorge Chávez Tamariz le dictó cinco meses de prisión preventiva por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, el exmandatario se puso pálido.
Según Chávez Tamariz, existe un peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado, por lo cual declaró fundado el pedido de la Fiscalía para que el exmandatario sea recluido en un penal mientras continúa la investigación.
Efectivos policiales detuvieron a Martín Vizcarra inmediatamente terminada la audiencia de prisión preventiva, a fin de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) disponga su traslado a un centro de reclusión.
Cabe recordar que el caso comenzó en marzo del 2021, luego de las declaraciones brindadas por aspirantes a colaboradores eficaces ante el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche sobre presuntos sobornos de empresas vinculadas al caso “Club de la Construcción”, a cambio del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y de la construcción del Hospital de Moquegua.
De acuerdo con la tesis fiscal, Martín Vizcarra, cuando fue gobernador de Moquegua, habría recibido 2.3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa para ayudarlos a adjudicarse con los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
Por estos casos, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que se le imponga la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
LOS GRAVES DELITOS QUE LE ATRIBUYEN
A Martín Vizcarra se le acusa del delito de cohecho pasivo propio, por presuntamente haber recibido sobornos de las empresas constructoras Obrainsa e ICCGSA, a cambio de favorecerlas en las licitaciones de dos obras públicas.
También de colusión agravada, por haber pactado ilícitamente con los contratistas para direccionar los concursos públicos. Además, de asociación ilícita para delinquir, así como de haber formado parte de una red criminal dedicada a manipular procesos de contratación estatal.
