“Jueces no pueden gobernar el país”

• Ángel Delgado prefiere que se cumplan las penas que ya existen en vez de endurecerlas para que al final no se apliquen.

POR: HILMER GASCO

El abogado constitucionalista Ángel Delgado señaló que la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la elección del defensor del Pueblo pone fin a una serie de abusos por parte del Poder Judicial al intervenir en competencias exclusivas del Congreso.

El Tribunal Constitucional ha fallado en favor del Congreso frente a los fallos del Poder Judicial que impedían la elección del defensor del Pueblo. ¿Cuál es su opinión?

Es una sentencia histórica y primordial porque está ratificando una de las características esenciales del estado democrático y constitucional de derecho, la separación de poderes. Para que funcione el estado de derecho es imprescindible que estas funciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial estén separadas y se desarrollen sin interferencia de las otras. Lo que ha pasado en años anteriores es que cuando el Parlamento proponía sacar una ley que no era de su gusto, o nombrar a funcionarios como el defensor del Pueblo o los miembros del TC, estas personas con vínculos espurios o incorrectos con el Poder Judicial recurría a jueces provisionales y conseguían medidas cautelares para suspender o interferir en una decisión que era soberana del Congreso. Este tipo de abusos ha sido cerrado con esta sentencia del TC. No es dable que el Poder Judicial intervenga en competencias que son exclusivas del Congreso, porque si no, serán los jueces que van a terminar gobernando el país y podrán decidir si les gusta o no los miembros del TC o el defensor del Pueblo.

¿Quiénes se han beneficiado con estas medidas?

Esto se tergiversó porque un grupo de elementos corruptos, usando los métodos del señor Rodolfo Orellana, quien recurría a la justicia para despojar a la gente sus casas o terrenos, consiguió mantener un TC que era favorable a los caviares y que apoyó el golpe de Estado de Vizcarra. Lo mismo pasa con la Defensoría del Pueblo, que está en manos de los caviares, una entidad con influencia terruca que defiende a los violentistas y terroristas. El que inauguró está pésima tendencia fue Walter Ayala, el exministro de Castillo que ha coimeado con los ascensos a los generales de la Policía. Él presentó una medida cautelar que concedió una jueza provisional e impidió que el Congreso, dentro de sus competencias elija a los miembros del TC que estaban 8 años cuando debieron haber estado 5. Lo mismo ocurrió con la Sunedu, presentaron una demanda con una medida cautelar y lograron suspender la ejecución de una ley que estaba en vigor con lo que funcionarios que ya habían cumplido su periodo pudieron permanecer en el cargo.

El gobierno ha presentado un proyecto para endurecer las penas por delitos cometidos durante las protestas.

No soy muy partidario que se endurezcan las penas, sino de que las ya existen se cumplan. No puede ser que estando considerado un delito, se permita la toma de carreteras. El que comete un delito es un delincuente, por más justa que sea su causa y tiene que ser capturado y procesado. No conozco el caso de personas que hayan sido procesadas por tomar carreteras, entonces que te pongan 20, 40 o 100 años no vale sino hay voluntad de hacer cumplir la norma.

La extradición del expresidente Toledo está en su fase final.

En el caso de Alberto Fujimori, el proceso de extradición de Chile demoró casi dos años, hoy vamos por los 6 sin que se le pueda extraditar. Eso significa que ha habido una complicidad de los gobiernos desde el 2017 y las autoridades no han actuado como corresponde permitiendo que la justicia de EE.UU. camine a paso de tortuga. La parte judicial ya terminó y la justicia determinó que el pedido de extradición es válido y ahora se tiene que resolver en instancias políticas, pero ahora Toledo dice que no hay condiciones para ser juzgado. Lo que debe hacer Boluarte es comunicarse con el presidente Biden y decirle que es de sumo interés para el Perú que el expresidente Toledo venga al Perú a responder a la justicia.

¿Qué opina de la decisión de retirar al embajador peruano en México, tras las declaraciones de López Obrador?

Es una medida tibia. Para dar un mensaje a la Nación yo pensé que iba a anunciar el término de las relaciones, porque ningún país puede soportar tanto agravio. Lo que dice López Obrador ya no es solo el insulto porque cuando dice que el presidente legítimo es Castillo y la señora una usurpadora, está metiendo fuego al ambiente de subversión que hay en el Perú y eso afecta la seguridad nacional del país. Al Perú lo manosean como se les da la gana, como lo hace Petro, en Colombia, Arce, en Bolivia. Lo que se debe hacer es llamar a la OEA y denunciar a estos gobiernos porque están violentando el orden internacional.

REFERÉNDUM ES EL GRAN PRETEXTO PARA NO VOTAR POR ADELANTO DE ELECCIONES  

¿Por qué cree que no hay un acuerdo para el adelanto de elecciones?

Porque las bancadas de izquierda insisten en poner como condición el referéndum para la Asamblea Constituyente. Ese es el gran pretexto de este grupo que es el 40% del Congreso para no votar por el adelanto de elecciones. Podremos aceptar el referéndum el día que consigan firmas o sean mayoría en el Parlamento, pero no podemos aceptar que nos lo impongan porque amenazan quemar un aeropuerto. Que ganen las elecciones, y a partir de ahí podrán desarrollar su proceso para una Asamblea Constituyente.