El fiscal José Domingo Pérez Gómez seguirá enfrentando la investigación que se le sigue en el Ministerio Público por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Esto se debe a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la tutela de derechos que presentó el magistrado, solicitando que el Ministerio Público cesara dicha investigación.
El tribunal supremo declaró «infundado» el recurso de apelación que Pérez Gómez presentó con el fin de que se revocara la resolución emitida por el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria, el 26 de abril de 2024, que ya había rechazado la tutela de derechos. En su recurso, el fiscal argumentó que dicha resolución vulneró el debido proceso, especialmente el principio de interdicción a la persecución múltiple y el principio de legalidad procesal.
Pérez Gómez también cuestionó la inclusión de un vehículo motorizado como un nuevo elemento de convicción en el caso, señalando que no se había indicado que se tratara de la adquisición de un bien mueble registrable. Esto, entre otros puntos, fue presentado como parte de su argumento en el recurso.
