Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, declaró ante el Ministerio Público que el periodista Gustavo Gorriti, de IDL-Reporteros, era quien en realidad dirigía la investigación del caso Cócteles, donde se acusa a Keiko Fujimori por los supuestos delitos de lavado de activos y organización criminal.
El programa “Milagros Leiva, Entrevista”, que accedió en exclusiva al testimonio, dio a conocer que Villanueva reveló que él mismo “entrevistó” al fiscal José Domingo Pérez y le propuso a Pablo Sánchez, quien en ese entonces también era fiscal de la Nación, integrarlo al Equipo Especial Lava Jato, a fin de que asuma el caso Cócteles, siempre y cuando no perdiera su “bono”.
“Vino José Domingo, lo entrevisté, conversé con él, le pregunté si estaría dispuesto y me dijo que sí, y con eso fui y le propuse a Pablo, me dijo que sí, que (Rafael) Vela lo proponga porque tenía que ser de lavado, hablé con Rafael y él lo propuso, pero José Domingo había puesto como condición para ir a lavado en no perder su bono que tenía como fiscal anticorrupción, entonces, tuvieron que hacer una serie de malabares administrativos para que el señor vaya con su bono”, expresó Jaime Villanueva.
Recordó que el fiscal José Domingo Pérez “se hizo caso del caso Cócteles”, pero quien verdaderamente dirigía esta investigación era Gorriti. “Ya expliqué la relación con Gustavo (Gorriti), que era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez, de hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al (ex) fiscal (Stefan) Lenz”, añadió.
Villanueva indicó que Domingo Pérez iba a verlo para que esté al tanto de las investigaciones, después del año 2017, y que, incluso, se reunieron un día antes del allanamiento al local de Fuerza Popular.
ES COLABORADOR EFICAZ EN EL CASO CÓCTELES
Jaime Villanueva, quien se ha acogido a la colaboración eficaz, declaró, el pasado 30 de enero, ante el Ministerio Público. Por el caso Cócteles, la Fiscalía acusa a Keiko Fujimori de los supuestos delitos de lavado de activos y organización criminal.
Por este caso, la Fiscalía de la Nación solicita una condena de 30 años y 10 meses de cárcel para la lideresa de Fuerza Popular, por presuntamente haber recibido dinero ilícito de la corrupta constructora Odebrecht y otras fuentes para el financiamiento de sus campañas electorales del 2011 y 2016.
