INPE mueve sus fichas en Ancón I: nuevo director y cambios para reforzar la seguridad del penal
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció una serie de modificaciones en el Establecimiento Penitenciario Ancón I, como parte de las acciones destinadas a reforzar la seguridad, recuperar el principio de autoridad y evitar que el recinto sea utilizado para actividades vinculadas al crimen organizado.
Mediante la Resolución Presidencial N.° 646-2026-INPE/P, fue designado Tomás Máximo Yllaconza Palacios como nuevo director de Ancón I. El abogado cuenta con 29 años de experiencia en el sistema penitenciario y ha ocupado diversos cargos relacionados con tratamiento penitenciario, asesoría jurídica y gestión institucional.
Entre sus antecedentes figura su labor como director del penal de Pucallpa, de la Dirección de Tratamiento Penitenciario y como jefe de Asesoría Jurídica en oficinas regionales del INPE.
Como parte de la nueva estrategia, la institución anunció la rotación, reorganización y evaluación del personal de seguridad de Ancón I. El objetivo es reforzar los controles internos, reducir posibles vulnerabilidades y prevenir eventuales vínculos indebidos que puedan poner en riesgo la seguridad del establecimiento.
“Restablecer el principio de autoridad y reforzar los controles internos” son parte de las prioridades señaladas por el INPE para esta nueva etapa en el penal.
Asimismo, Jhon Elías Ramírez Vega fue designado como nuevo director de la Oficina Regional Lima. El funcionario es oficial en situación de retiro de la Marina de Guerra del Perú y cuenta con más de 28 años de experiencia profesional en materia de seguridad, tanto en el país como en el extranjero.
El INPE indicó que estas medidas forman parte de las acciones destinadas a fortalecer el control de los establecimientos penitenciarios y evitar que sean empleados para coordinar o facilitar actividades ilícitas, como extorsiones y otras modalidades vinculadas al crimen organizado.
La institución señaló que continuará implementando acciones de seguridad penitenciaria para garantizar el control efectivo del Estado dentro de los penales y fortalecer los mecanismos de vigilancia y prevención.
