El día 5 de Junio de 2024 la Comisión de Constitución y Reglamento del actual Congreso de la República, presidida por la fujimorista Martha Moyano, ha aprobado el dictamen que elimina a un organismo autónomo constitucional como es la Junta Nacional de Justicia (JNJ), bajo el pretexto de la creación de una “Escuela nacional de la magistratura” que reúna las funciones de la JNJ y de la Academia de la Magistratura, que está encargada desde hace tiempo de las labores de formación de los aspirantes a la magistratura a través del Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) y de la capacitación de los magistrados titulares (jueces y fiscales) en funciones a través del Programa de Capacitación para el Ascenso (PCA), siendo que actualmente, ya sea para ser juez o fiscal, como para ascender en la carrera judicial o fiscal, se tiene que participar en un CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS, ante un organismo externo e independiente del Poder Judicial y del Ministerio Público: la JNJ.
A diferencia de la JNJ, cuyos integrantes son elegidos mediante concurso público de méritos, el órgano que pretende imponer el actual Congreso (“Escuela nacional de la magistratura”) no es elegido en concurso público alguno de méritos, por lo que no se trata en realidad de buscar, con el dictamen aprobado en tal Comisión, mejora alguna en el sistema de administración de justicia, sino de ir más bien en contra de la reforma del sistema de justicia que se dio inicio el 2018 con la desactivación del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por los escandalosos casos de corrupción y de compra venta de puestos de magistrado, revelados en los tristemente célebres “CNM audios” de julio de 2018 (caso de los “hermanitos” y de los “cuellos blancos del puerto”).
Pero el buscar la eliminación de la JNJ no es el objetivo principal en realidad, no es “la cereza del pastel”. Lo que sería el fin principal en tal dictamen es el control de los procesos electorales a través del control del nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales por medio del ahora fácticamente inexistente Senado, que fue aprobado en marzo de este año pese a la voluntad en sentido contrario de la población en el referéndum del 9 de diciembre de 2018. No hay otra conclusión lógica, dadas las premisas: eliminación de la JNJ y designación política del jefe de la ONPE.
(*) Analista político.
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