Informe de la DEA sobre mafia de “Los Camellos” involucró a Bruce
Según reporte del agente Paul Hackett, en el año 2000, el hoy candidato alcalde de Lima figuraba como accionista mayoritario de empresa vinculada a envío de droga a Italia
- De acuerdo con el informe de Paul Hackett, agente especial de la DEA, el negocio de Carlos Bruce habría sido utilizado para el envío de droga del puerto del Callao a Génova.
Por: Unidad de Investigación
Un informe desclasificado elaborado en el año 2000 por el entonces agente especial de la DEA Paul Hackett detalla las confesiones de capos de la droga y revela cómo la empresa Unión Internacional de Comercio S.A. (UNICSA), fundada y dirigida mayoritariamente por Carlos Bruce Montes de Oca, habría sido utilizada para enviar toneladas de cocaína del Callao a la Camorra italiana, vinculada a la red internacional del narcotráfico “Los Camellos”.
El caso fue destapado la tarde del 15 de setiembre de 1999, tras el desprendimiento accidental de una caja de congelados sobre el piso del puerto del Callao. En medio de toneladas de merluza congelada destinada a Europa, quedaron al descubierto 2.4 toneladas de clorhidrato de cocaína de máxima pureza. Aquel hallazgo fortuito fisuró la estructura de “Los Camellos”, organización transnacional integrada por el panameño Boris Foguel y Suengas, y capos de la mafia italiana.
Sin embargo, detrás del decomiso policial existía una trama documental reservada. Nueve meses después del operativo, el 26 de junio de 2000, el agente Hackett, tras minuciosos interrogatorios a cabecillas en celdas de Panamá e Italia, firmó un reporte de investigación de 34 páginas, hoy desclasificado. En dicho documento figura el nombre de Carlos Bruce Montes de Oca.
NEXO CON LA MAFIA
Durante las pesquisas, el agente Hackett cruzó los testimonios de Boris Foguel —entonces líder de “Los Camellos”— y de Pasquale Centore, empresario pesquero, exalcalde de San Nicola la Strada y el nexo clave de la Camorra napolitana. Ambos capos, que cumplían condenas en sus respectivos países, entregaron precisiones contundentes: nombres de los socios, rutas navieras, nombres de empresas fachada, transacciones aduaneras, números de contenedores y número de cuentas bancarias utilizadas por la organización.
A través de las bases de datos de aduanas, la DEA logró contrastar y confirmar la existencia de tres embarques de droga enviados en 1996 desde el Callao hacia la firma BADD SRL en Génova, Italia.
Fue precisamente en el tercer envío donde el reporte de la DEA identifica la firma exportadora UNICSA, cuyo socio con el 98% de las acciones era Carlos Bruce. El testimonio consignado por Hackett en el punto número 20 de su informe es categórico: “Foguel recordaba que el negocio que se utilizaba para enviar la cocaína a Italia pertenecía a Carlos Bruce, expresidente de ADEX”.
LIQUIDARON EMPRESA
Al cotejar la información con los Registros Públicos de Lima, el agente especial de la DEA confirmó el nexo societario. UNICSA había sido constituida el 17 de mayo de 1988 por tres socios: Germán Ugaz Sánchez-Moreno (marino de profesión, con una acción), Percy Manuel Recharte Chile (asistente administrativo, con una acción) y Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, quien declaró ser agente marítimo y se adjudicó el 98% de las acciones.
De acuerdo con las partidas registrales, UNICSA no solo operó en el Callao. La compañía adquirió diversos predios en Paita (Piura), utilizados como depósitos y zonas de embarque de productos marinos congelados. Extrañamente, los socios y acreedores señalaron en actas que la sociedad presentaba un severo ahogamiento financiero y desacuerdos, por lo que la empresa inició su proceso de liquidación formal el 11 de noviembre de 1999, pocas semanas después del megadecomiso de merluza contaminada con cocaína descubierto en el primer puerto.
ALLANAMIENTOS
La investigación que inició en los muelles se trasladó con rapidez a las esferas del poder. El 13 de abril de 2000, acorralado tras fugarse a Cuba con su socio Bruno Chiappe, Boris Foguel se acogió a la Ley de Arrepentimiento bajo la asesoría del abogado Javier Corrochano, operador vinculado a Vladimiro Montesinos.
Con los datos aportados por la DEA y las confesiones de Foguel, el 7 de setiembre de 2000, la Dirandro —liderada por el general Ramón Chong Ching— ejecutó una serie de allanamientos a los centros de operaciones de la red. La policía intervino el gimnasio del entonces congresista Moisés Heresi y las instalaciones del casino del Hotel María Angola, administrado por Salvador José Ricci Cortez, empresario que años más tarde reaparecería implicado en las escuchas del caso “Cuellos Blancos del Puerto”.
INVESTIGACIÓN SE PARALIZÓ
El informe de Paul Hackett fue derivado a la Fiscalía de Crimen Organizado y a la jefatura de la Dirandro. Sin embargo, el avance judicial se paralizó por el estallido político: el gobierno de Alberto Fujimori colapsó tras la difusión de los vladivideos, dando paso a la transición democrática liderada por Valentín Paniagua a finales del 2000. Pocos meses después fue elegido presidente Alejandro Toledo, quien nombró a Bruce como ministro de Vivienda.
A más de dos décadas de los hechos, los protagonistas del reporte siguieron destinos opuestos. Pasquale Centore terminó sus días purgando condenas por narcotráfico en Italia. Boris Foguel, tras cumplir condena por lavado de activos en Panamá y quedar en libertad, fue acribillado por sicarios en dicha ciudad el 15 de febrero de 2013. Por su parte, el agente Paul Hackett se jubiló luego de cumplir sus años reglamentarios de servicio en la DEA y se estableció en Lima como consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Mario Amoretti: “Es muy sospechoso que el caso no se haya investigado”
Consultado sobre el tema, el abogado penalista Mario Amoretti señaló que es muy sospechoso que el caso no haya sido informado a las autoridades en su momento y advirtió que, debido a los años transcurridos, este hallazgo ya no puede ser materia de investigación.
“Dada la naturaleza del delito y la pena a imponerse, se procede a investigar hasta máximo haber transcurrido 20 años de ocurridos los hechos, de tal manera que aquí el tiempo no alcanza”, explicó.
Sin embargo, precisó que “la pregunta que nos hacemos es si la DEA tuvo ese conocimiento en aquella fecha, por qué no lo comunicó a las autoridades peruanas para que inicien la investigación”.
En tal sentido, indicó que “lo más grave” es el silencio porque se trataba de más de dos toneladas de cocaína. “Es una cantidad importante, entonces por qué no se denunció ante las autoridades peruanas para los efectos de que se abra una investigación fiscal y luego judicial, aquí suena muy sospechoso”, declaró.
