Política

Informe de la CIDH indica que se habría violado derechos humanos en protestas

Dina Boluarte rechaza “la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, refiere que durante los hechos ocurridos en diversas regiones entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, que dejaron una gran cantidad de fallecidos y heridos, se registraron graves violaciones de derechos humanos.

Se precisa que, en Ayacucho, las muertes ocurridas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre.

El análisis detalla que se registraron situaciones de violencia y que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el país, y que ocurrieron graves episodios de uso excesivo de la fuerza. Igualmente, atribuye que al menos 20 ataques a periodistas fueron cometidos por la Policía durante las protestas.

Entre sus conclusiones, se recomienda la reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos.

POSICIÓN DEL GOBIERNO

La presidenta Dina Boluarte, acompañada del Gabinete, realizó una conferencia en la que evidenció su disconformidad con lo emitido por la CIDH.

“Como todo informe hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, más aun viniendo de un organismo como es la Comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, indicó.

Sin embargo, saludó que la CIDH haya establecido que el 7 de diciembre del 2022 “el expresidente Pedro Castillo violó el ordenamiento jurídico al dar un golpe de Estado, atentando de manera indiscutible contra los valores democráticos fundamentales en el sistema interamericano”.

En tanto, el premier Alberto Otárola, quien participó de la actividad desde su casa debido a dio positivo a COVID-19, indicó que el Estado peruano respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

“En el país existe plena vigencia de los derechos fundamentales. No estamos ante una sentencia, solo puede sentenciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, acotó.

 

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