Cuando hay manifestaciones públicas de protesta, hay muchos actores que entran en juego: los manifestantes, las autoridades, así como también la población y la prensa.
No creo que nadie dude que la protesta en sus diversas expresiones y manifestaciones es un derecho ciudadano, no solo reconocido constitucionalmente sino también por compromisos internacionales.
Sin embargo, como lo hemos advertido muchas veces, no toda protesta tiene legitimidad, pues para ser ejercida como derecho, requiere SER PACÍFICA Y SIN ARMAS. Pero si esos requisitos no se dan y se vulnera el orden público, estamos frente a transgresiones ilegales que pueden llegar hasta la perpetración de delitos.
Más aún, cuando se declara estado de emergencia, sea nacional o focalizada, pueden suspenderse algunos derechos, como el de reunión, con lo cual las manifestaciones que se hicieran vulneran la normatividad legal.
El papel de la prensa en las protestas tiene relevancia muy singular, pues ella tiene el deber de informar frente al derecho correlativo de la sociedad de ser informada, pero correctamente, con veracidad y objetividad, y sin alentar a que las protestas se vuelvan violentas.
Pudimos ver en las manifestaciones de noviembre de 2020, que concluyeron con la dimisión de Manuel Merino, una prensa, en su mayoría irresponsable que, queriéndolo o no, alentó los actos de violencia, al estar repitiendo día y noche los irresponsables estribillos de aquel entonces.
Felizmente, en las marchas del 19 de enero, la prensa cambió de actitud y se dedicó a informar con la verdad, instando a que se hiciesen en forma pacífica. Sin embargo, las recientes marchas de protesta adolecieron de legitimidad, pues no puede ser inocente y pacífico el llamado a “TOMAR LIMA”. Ésa sola expresión es elocuente y denota ánimo violentista, atentatorio contra lo establecido para cambiar su fisonomía.
No fue DÍA DE PROTESTAS como lo señaló un diario cuyo nombre se escribe sobre color rojo, ya que ello es dar connotación inocente a protestas en que incendian un antiguo inmueble, a escasos metros de la Plaza San Martin.
En las mismas marchas se levantaron adoquines de calles y plazas, para como armas lanzarlos contra la policía, que resistió estoicamente, y a los que también aventaron trozos de cemento obtenidos al romper sardineles y demás mobiliario urbano, con los cuales causaron daños a la propiedad pública y privada.
Quienes participaron de estas marchas sabían que ello era vulnerar la tranquilidad pública, no eran pues angelitos ni probos ciudadanos, salvo que fueran tan desaprensivos que tendrían que ser tratados psicológicamente.
Tomándome una licencia, debo agregar como si fuese un lema cívico que, FUERZAS DEL ORDEN DESARMADAS, NO SERÁN RESPETADAS. Por falta de portar armamento, ni siquiera tendrán carácter disuasivo, además ellas no reprimen como se escucha, ¡ponen orden! Debe ponerse correctivos.
(*) Ex congresista de la República
(*) Ex presidente del Consejo de Ministros
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
