Opinión

Inaceptable discriminación de publicidad estatal a la prensa

Por: Omar Chehade Moya

Hace unos días la secretaria de comunicación social de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ximena Pinto, denunció públicamente que el premier Aníbal Torres buscó dirigir irregularmente la publicidad estatal, discriminando a un grupo periodístico que es crítico al gobierno de Pedro Castillo, (“El Comercio”), favoreciendo claramente con dicha publicidad del Estado a otros medios de comunicación adictos al régimen oficialista: “yo le dije que el tema político no estaba relacionado con el manejo publicitario, que no podía sacrificar la información que se le entrega a la población por una venganza política”, luego el primer ministro la amenazó que si no cumplía sus órdenes la despediría de su cargo. Todo ello aunado a infames sucesos de este gobierno comunista y autoritario, no hace sino ratificar la grave situación política que nos está haciendo llegar a través de su intolerancia, mediocridad, desaciertos, torpezas, y corrupción generalizada.

Es, sin duda alguna, un golpe duro a la democracia, que viola claramente la constitución, la libertad de prensa, la ley de transparencia a la información y a la publicidad estatal. Este impresentable premier que en lo que va de su gestión no ha hecho otra cosa que ser obsecuente al poder y provocador al Congreso, a la prensa y a las propias leyes, tendría el Parlamento que censurarlo no otorgándole la confianza a su gabinete el próximo 8 de marzo, además de ser acusado por infracción a la Constitución y por la comisión de delitos flagrantes.

En primer lugar por el delito de Discriminación, tipificado en el artículo 323 del Código Penal: “el que por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas…” el segundo delito es el Peculado, tipificado en el artículo 387 del Código Penal: “El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo”, finalmente por la comisión del delito de Colusión Desleal, tipificado en el artículo 384 del mismo ordenamiento jurídico: “el funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes o servicios, concierta con los interesados para defraudar al estado o entidad u organismo del estado según ley”.

Lo increíble del caso es que el señor Aníbal Torres además de haber sido ministro de Justicia, es abogado y profesor universitario de larga data, que a pesar de ello y de manera descarada vulnera nuevamente la ley, poniendo en situación de inseguridad jurídica a la nación, atentando contra la prensa y los valores democráticos del país. Este hecho grave no deberá quedar impune ni política ni jurídicamente, mereciendo por parte del Congreso nacional no solo la censura política y la denegatoria del voto de confianza, sino también una acusación constitucional por infracción a la carta magna y por la comisión de un concurso de delitos.

(*) Ex vicepresidente del Perú y ex congresista de la República

(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.

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