“Hay que promover las inversiones en minería”

• García Toma señala que la candidatura de Alberto Borea en la ONU promueve una corte más afín con la visión constitucional y democrática, que tiene buena parte de los países de este lado del continente.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

El representante del Perú en la ONU, Víctor García Toma, señaló en entrevista con nuestro canal digital La Noticia Perú que la postulación de Alberto Borea como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busca acabar con el sesgo ideológico que este organismo ha tenido los últimos años.

Después de 14 años, nuestro país ha presentado una candidatura para juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la década de los 70, nuestro país expresó su esperanza en que, mediante la creación de un sistema interamericano de defensa de los derechos humanos, pudiéramos alcanzar un grado óptimo de protección de estos derechos. Durante bastante tiempo la CIDH ayudó a afianzar el modelo constitucional democrático del Perú y Latinoamérica, pero en el último lustro se ha producido una distorsión ideológica en los pronunciamientos del sistema, lo que ha generado una preocupación en el Perú. Por ello el gobierno convocó a Alberto Borea Odría, calificado jurista, y reconocido por su firmeza en la defensa de los DD.HH. Vemos con optimismo su candidature porque contribuirá al deseo de muchos países de que podamos tener una corte más afín, con la visión constitucional y democrática, que tiene buena parte de los países de este lado del continente.

Cómo ha llegado a darse esta distorsión ideológica en la CIDH.

En los últimos años se han venido dictando sentencias que rebasan el alcance y contenido de lo que se había pactado y, en base a interpretaciones, cambia el sentido, a lo cual el Perú se adhirió. No estamos de acuerdo con ese sesgo que hay en esas interpretaciones. El Perú quiere contribuir a la redirección de este mecanismo con la candidatura de Alberto Borea.

Somos un país rico en minerales, pero siempre hay conflictos y el Estado tiene que mediar entre empresa y comunidad.

La actividad minera es la principal fuente de ingresos del Estado.  Eso no puede dejar de ser reconocido, y el Estado puede hacer mucho más para promover una política de inversiones en ese rubro. Las divergencias que surgen por las labores de exploración y explotación minera surgen primero por un prejuicio en la forma como se realizaba esta actividad, pero ahora existen reglas relacionadas con la protección del medio ambiente. En segundo lugar, que las empresas tienen políticas de responsabilidad social y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Lo que hay que combatir, con firmeza, son las malas políticas de ciertos grupos extremistas que intentan impedir que el Estado progrese y desarrolle en función a unas ideas que ya son obsoletas. Esos grupos, pequeños, pero muy efectivos, radicalizan cualquier invento, o de alguna manera elevan a niveles siderales este tipo de conflictos, hay que combatirlos con la ley.

Este 4 de junio, en el Congreso se presenta su libro “La Constitución y el Régimen Económico en el Perú”. Coméntenos un poco, por favor.

En la Constitución del año 1979, tomando como inspiración el modelo alemán, se implementó en nuestro país el modelo de economía social de mercado. Este modelo tiene 4 pilares: el primero tiene que ver con el respeto cabal de las libertades patrimoniales, y el Estado debe dar todas las garantías para el respeto al derecho a la propiedad, la libertad de trabajo, la garantía de que los contratos que los inversionistas extranjeros celebren con el Estado peruano van a ser respetados y que no podrán ser alterados, salvo que exista un mutuo acuerdo hasta la culminación del mismo. El segundo soporte son los trabajadores que contribuyen de manera decisiva a la creación de estos bienes y servicios para ser ofrecidos en el mercado. A estos trabajadores hay que garantizarles un salario mínimo vital, el derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga, la jornada ordinaria. La tercera pata son los consumidores y usuarios; y el cuarto pilar es el Estado, que tiene el deber de promover las inversiones porque eso genera trabajo. El Estado tiene la responsabilidad de generar obras de infraestructura e interesarse por el tema social. El Estado debería actuar subsidiariamente cuando el empresario nacional o extranjero, por razones del costo de la operación o porque no existe la oferta suficiente, deja desatendida una actividad que sí es necesaria para la unidad. Ese es el marco de una economía social de mercado, que es el entender que el tema de las libertades económicas no es incompatible con las políticas de inclusión, de equidad y de bienestar general.