Gobierno prorroga por 60 días el estado de emergencia en Lima y Callao
La medida busca combatir la criminalidad y la violencia. Durante su vigencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 142-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La prórroga entrará en vigor el 28 de octubre de 2026, en continuidad con la declaratoria establecida mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM.
Policía y Fuerzas Armadas mantendrán acciones de seguridad
Durante la extensión del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Las zonas de intervención serán determinadas por la PNP sobre la base de información de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos de evaluación.
¿Qué derechos estarán restringidos?
La medida contempla la restricción o suspensión del ejercicio de determinados derechos constitucionales:
- Inviolabilidad del domicilio.
- Libertad de tránsito por el territorio nacional.
- Libertad de reunión.
- Libertad y seguridad personales.
Estas disposiciones se aplicarán conforme a las condiciones establecidas en el decreto supremo y la normativa vigente.
Permisos para actividades masivas
Durante el estado de emergencia, las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público deberán contar con la autorización de las autoridades competentes, que evaluarán cada solicitud.
En cambio, las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de solicitar un permiso previo.
El decreto también establece que las intervenciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán ejecutarse de acuerdo con las normas que regulan el uso de la fuerza por parte de ambas instituciones y sus respectivos reglamentos.
