El Gobierno presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley que modifica el Código Penal para fortalecer la sanción de delitos contra la libertad sexual e incluye la castración química para violadores, luego de la conmoción causada por el secuestro y abuso sexual de una niña de tres años.
El documento firmado por el presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres, plantea que un juez imponga como pena accesoria este tratamiento especializado para reducir el libido sexual del sentenciado después de que cumpla su condena, pues la medida no alcanza a las personas sentenciadas a cadena perpetua sino a una pena determinada.
El proyecto propone que un juez solicite anualmente a una junta médica un informe de evaluación física y mental del condenado con la finalidad de que el órgano jurisdiccional analice la continuidad de la aplicación de la medida.
Agrega que, en caso de desobediencia o resistencia a la castración química, el sentenciado será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho.
El Gobierno señala que, según el Observatorio del Ministerio Público, las denuncias por violación sexual se multiplicaron con creces en los últimos años en Perú, pasando de 5,378 en 2000 a 23,999 en 2017.
