Gobierno designa a Raúl Inga Garay como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE

El Gobierno designó al abogado y sociólogo Raúl Timoteo Inga Garay como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mediante la Resolución Suprema N.° 099-2026-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano.
Inga Garay cuenta con 42 años de servicio en la administración pública, de los cuales 30 años corresponden a labores desarrolladas en el sistema penitenciario nacional, donde ha desempeñado funciones en sedes administrativas y establecimientos penitenciarios en regiones del país.
Durante su trayectoria en el INPE ocupó importantes cargos, entre ellos asesor del Consejo Nacional Penitenciario, director del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, director general de Seguridad Penitenciaria y director regional de las oficinas regionales Sur Oriente Cusco y Lima. Asimismo, ejerció como director de la Oficina General de Asesoría Jurídica y secretario técnico del Tribunal Disciplinario.
También integró la Comisión Especial de Procesos Administrativos y Disciplinarios y fue coordinador general de la comisión encargada de la modificación del Reglamento del Código de Ejecución Penal. Su experiencia incluye labores en los establecimientos penitenciarios Miguel Castro Castro, Lurigancho y Challapalca.
En el ámbito académico, ha ejercido la docencia universitaria en instituciones como la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad Nacional del Centro del Perú. Además, cuenta con estudios de maestría en planificación de la educación, así como en economía en demografía en la Universidad de Chile.
Con una amplia trayectoria vinculada al sistema penitenciario nacional, Raúl Inga Garay asume el cargo priorizando la urgencia de fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios, optimizar los programas de tratamiento y resocialización de los internos.
La designación del nuevo titular del Consejo Nacional Penitenciario reafirma el compromiso del gobierno de lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana a través de una gestión penitenciaria moderna, técnica y orientada a mejorar las condiciones de seguridad, tratamiento y reinserción social en los establecimientos penitenciarios del país.