
El Gobierno aprobó, vía decreto supremo, la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor al 2030, con la necesidad de fortalecer la protección y el empoderamiento de los consumidores en un entorno socioeconómico y tecnológico en constante cambio.
Esta medida se oficializa a través de la publicación del Decreto Supremo 075-2025-PCM, en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
El dispositivo establece que esta política es de cumplimiento obligatorio por todas las entidades de la administración pública, señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, o aquella que la reemplace. Asimismo, es de cumplimiento para el sector privado y la sociedad civil.
Asimismo, las entidades de la administración pública en todos los niveles de gobierno y en el marco de sus competencias y funciones, asumen los roles, obligaciones y responsabilidades, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales.
Además, precisa que la rectoría de esta política nacional está a cargo de la PCM, a través del Indecopi, la misma que conduce, coordina, regula, supervisa y evalúa esta estrategia respecto a las entidades públicas del ámbito nacional y regional, con responsabilidad en la prestación de los servicios y actividades operativas comprendidas en la misma.
De igual modo, refiere que se implementa a través de los diferentes planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan), con la participación de las entidades involucradas, según corresponda.
También, agrega que su implementación se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, en el marco de sus respectivas competencias, conforme a las leyes anuales de presupuesto del Sector Público, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Por último, agrega que el decreto supremo y su anexo se publican en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano y en las sedes digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de los Ministerios de Salud, Transportes, Ambiente y Cultura, y del Indecopi.